26.3.16

Los Principios Generales del Contrato


José de Paula.
Los principios generales del contrato. Se debe entender por principios generales del contrato, al conjunto de postulados que sirven de  fundamentos al sistema contractual moderno.  De éstos, unos están presentes en el proceso de formación del contrato,  y  otros,  se refieren los  efectos y a la ejecución del contrato.  En el primer grupo  se hallan la autonomía de voluntad y el consensualismo; y el  en segundo:
·        El principio de que se contrata por sí y para sí (Art.1119)
·        la transmisibilidad de las obligaciones (Art.1122)
·        fuerza del vínculo u obligatoriedad del contrato (Art.1134-1)
·        la irrevocabilidad (Art.1134-2)
·        la buena fe (Art.1134-3)
·        la equidad (Art.1135) 
·        la relatividad (Art.1165)
·        y la oponibilidad.
 1. La autonomía de la voluntad.   El profesor Jorge A. Subero Isa[1] afirma que “la autonomía de la voluntad consiste en que el individuo puede obligarse a lo que quiera,  como le plazca”. En sí, se entiende por autonomía de la voluntad, la libertad de contratar,  la libertad que tienen los individuos de obligarse o no.  Este   principio sufre dos grandes restricciones que son el orden público y las buenas costumbres. Estas dos restricciones tienen como fuente el Art.111 de la Constitución del 26 de enero el 2010, el Art.6 del Código Civil y  leyes y disposiciones especiales. De conformidad con el Art.111 de la  Constitución y el Art.6 del Código Civil,  las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares. Las restricciones que figuran en leyes y disposiciones especiales, en ocasiones obligan a contratar, en otras prohíben incluir en los contratos ciertas cláusulas, y hay casos en que, se priva a  ciertas personas de la libertad de  celebrar contratos. 
2. El consensualismo.  El consensualismo es un principio según el cual los contratos se perfeccionan  con el simple consentimiento de las partes. Suele decirse que el solo consensu obligat. Como se sabe este principio es propio del sistema contractual moderno. Los romanos no lo conocieron sino luego de una larga evolución.  Aunque los redactores del Código Civil francés no  definieron ni  hablaron del consensualismo, sí dieron prueba suficiente de haberlo adoptado como principio rector del sistema contractual. Toda la doctrina así  lo admite, y ofrece como prueba, los artículos 1134, 1138, 1583, 1589 y 1703 del Código Civil.  Los redactores del Código Civil en el artículo 1134 declararon que las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley, y en el 1138, refiriéndose a la cosa objeto de una transferencia de propiedad, dispusieron que la  obligación de entregar la cosa nace por el solo consentimiento de los contratantes, y, también sentaron el principio de que  la compraventa es perfecta desde que existe acuerdo sobre la cosa y el precio; principio que reiteraron en el Art.1589, según el la promesa sinalagmática de venta equivale a venta. Del mismo modo los redactores del Código Civil dispusieron  en el Art. 1703, que el contrato de permuta se efectúa por el simple consentimiento, de la misma manera que la venta.
3. Se contrata por sí y para sí. Es un principio que se encuentra previsto en las disposiciones del artículo 1119 del Código Civil. Se trata de  una norma que refuerza el carácter personal del contrato. En consonancia con dicha norma, por regla general nadie puede obligarse ni estipular en su propio nombre sino para sí mismo; es decir, toda persona al celebrar un contrato lo hace por sí y para sí. Nadie puede asumir un compromiso para que lo cumpla otro. Este principio está íntimamente relacionado con el principio de la transmisibilidad de las obligaciones (Art.1122) y con el principio de la relatividad del contrato (Art.1165). Sin embargo, la regla enunciada aquí sufre una excepción: no se aplica, si quien contrata, al hacerlo; promete la obligación ajena (obligación porte fort) prevista en el Art.1120), pero con la obligación de indemnizar al acreedor si el tercero rehúsa aceptar el compromiso.
4. La transmisibilidad de las obligaciones. La transmisibilidad se rige por el Art.1122 del Código Civil en virtud  del cual se contrata por sí y para sus herederos y causahabientes. En razón de este principio, las obligaciones que contrae una persona, indirectamente las asumen sus herederos y causahabientes, salvo que hayan sido excluidos de forma expresa, o que se trate de un contrato intuito personae. Esto quiere decir, que al morir uno de los contratantes, pasan a sus herederos y a sus causahabientes, todas las deudas y todos los créditos que tienen su origen en ese contrato. Jurídicamente hablando, los ciudadanos representan indirectamente  a sus sucesores en cada contrato que celebran. Partiendo de esta regla, existen dos tipos  de representación: una directa o mandato (Art.1984) y una indirecta (Art.1122).
5. Fuerza del vínculo[2] u obligatoriedad del contrato (Art.1134-1). En el Art. 1134 del Código Civil figuran, además de la fuerza del vínculo,  la irrevocabilidad y el principio de la buena fe. La fuerza del vínculo u obligatoriedad del contrato constituye la regla cardinal del derecho de los contratos. Es la  ley  particular de los contratantes.  Los tres principios o reglas citados (la fuerza del vínculo, la irrevocabilidad y la buena fe) conforman el nicho de la seguridad jurídica en materia contractual.
6. Principio de la irrevocabilidad del contrato. Aparece en la segunda regla del citado artículo 1134, en cuya virtud, los contratos solo se pueden revocar o modificar, si es por el mutuo acuerdo de las partes o por disposiciones expresas de la ley o  de los reglamentos.
7. La buena fe. Tiene un valor ético. La buena fe se fundamenta en la confianza entre las partes. Se puede definir diciendo que consiste en la lealtad y fidelidad de las partes durante la negociación y ejecución del contrato. En este sentido sostiene el profesor Juan Ricardo Jiménez Gómez de la Facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) que:
 la buena fe es elemento esencial y determinante de las relaciones jurídicas, no solamente por lo que atañe a la formación, concepción y ejecución (…) sino que  debe existir concomitantemente a la vida misma del contrato (…) se concibe que la buena fe contractual es un desarrollo dinámico de los principios generales del derecho concretados en las expresiones “vivir honestamente”, no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo”.[3]
La buena fe (del latín, bona fides) es un principio general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez (...).  Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso[4].
 En el derecho romano “se  se puede señalar que la fides [la buena fe] suponía siempre, en todos los ámbitos en que actuaba, un “hacer lo que se dice”, un “cumplir con lo que se promete”. 
La buena fe también es el estado  de espíritu consistente en creer por error que se obra conforme al derecho, y que la ley tiene en cuenta para proteger al interesado contra las consecuencias de la irregularidad del acto. Ejemplo: el poseedor que cree haber adquirido una cosa del verdadero propietario (Código Civil artículos 549, 1141 y 2265)[5]
 8. La equidad. En sentido general es el principio que propugna por dar a  cada quien lo suyo. Es justicia distributiva, es decir, [la justicia basada] en la igualdad o proporcionalidad[6]. Concretamente hablando, y con referencia al contrato, explica Ignacio Galindo Garfias[7] que la equidad (…) tiende a lograr equilibrio de las prestaciones cuando se trata de contratos sinalagmáticos y busca el menor sacrificio en los contratos unilaterales.
La base legal de la equidad en los contratos  se encuentra en el artículo 1135 del Código Civil que dice: las convenciones obligan, no solo a lo que se expresa en ellas, sino también a todas las consecuencias que la equidad, el uso o la ley dan a la obligación según su naturaleza.
9. La relatividad del contrato. Es una regla consagrada en el Art.1165 del Código Civil, y según la cual, las convenciones solo obligan a las partes. No pueden beneficiar ni perjudicar a los terceros, salvo lo que se dispone en el Art.1121[8]. La relatividad de las convenciones   significa que los contratos  no  hacen a los terceros, ni  acreedores ni  deudores.  Debe tenerse en cuenta que  cuando este artículo habla de tercero se está refiriendo a los penitus extranei, o sea, a las personas que no tienen ningún tipo de vínculo con  los contratantes.  
10. La oponibilidad del contrato. La oponibilidad del contrato hace referencia a que los terceros están obligados a tener en cuenta la existencia del contrato. Oponer el contrato implica que el tercero no puede desconocer su existencia, y si lo hace, compromete su responsabilidad civil extracontractual (delictual o cuasidelictual).  A pesar de lo dicho, nada impide que un tercero pueda alegar a su favor la existencia de un contrato.

[1]  Jorge Subero Isa: Teoría General de las Obligaciones en  Derecho Dominicano. El Contrato y los Cuasicontratos, 2da. Edición, 2010. Editora Corripio, Santo Domingo, R.D. No.5
[2] .  ALTERINI, Atilio Aníbal (2005)., Contratos Civiles-Comerciales-de Consumo. Teoría General. 2da. reimpresión. Abeledo-Perrot, .Buenos  Aires, Argentina (p.20).
[3] Juan Ricardo Jiménez Gómez: El principio de la buena fe en la teoría general del contrato.  En file:///C:/Users/Familia%20de%20Paula/Desktop/El%20Principio%20de%20la%20buena%20fe%20en%20la%20teor%C3%ADa%20general%20contrato..pdf
Visto el 1° de enero del 2016.
[5] Henri Capitant, Vocabulario jurídico.
[6] Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas. Políticas y Sociales, 1989, Editorial Claridad, S.A. La Argentina.
[7] Ignacio Galindo Garfias, Las cláusulas inequitativas en los contratos.
En:
Visto el 1° de enero del 2016.
[8] Este artículo consagra la estipulación a favor de terceros.

5.1.16

La compraventa en el auto-servicio


 Autor:
RAFAEL LUCIANO PICHARDO(GACETA JUDICIAL * 17 de abril al 1º de mayo de 1997).


     Decía don Hipólito Herrera Billini, magistrado y maestro excepcional, cuando impartía su cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Santo Domingo, para demostrar la infiltración del Derecho en todos los intersticios de la sociedad, que “el hombre desde que se levanta está realizando actos jurídicos”, y ponía como muestra el hecho de adquirir en la mañana en la puerta del hogar el periódico o cualquier otro efecto o comestible de los que se expenden comúnmente en nuestras vías públicas.
     Hay ahí, en cada uno de esos ejemplos, expresaba, un contrato que liga dos voluntades. Y es que mediante el acuerdo de voluntades se crea, modifica o extingue un derecho.
     Pero no debe confundirse el acto jurídico, donde es determinante la manifestación de voluntad, con el hecho jurídico que, aunque es susceptible de producir los mismos efectos que aquel, puede manifestarse sin la intervención de la voluntad de las personas. La muerte, hecho natural, o un accidente automovilístico, hecho del hombre, son ejemplos de esto último.
     El contrato es el acto jurídico típico que se origina en una convención o acuerdo de voluntades. Es el negocio jurídico que puede existir con independencia del instrumento de prueba, es decir, del documento que acredita el negocio.
Una compraventa, por ejemplo.
Y en la venta al contado, como aquellas a la que se refería el maestro, la transmisión de la propiedad se produce tan pronto hay acuerdo sobre la cosa y el precio, como lo expresa el artículo 1583 del Código Civil: “la venta es perfecta entre las partes, y la propiedad queda adquirida de derecho por el comprador, respecto del vendedor, desde el momento en que se conviene en la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni pagada”.
     Esto significa que la transmisión de la propiedad es sólo consensu por hacerse propietario el comprador desde que las partes se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio.
     En base a ese principio se ha sostenido que cuando una persona se apodera con la autorización del vendedor del objeto o mercancía que compra como ocurre en los establecimientos de auto-servicio o “self service”, aunque no lo haya pagado, adquiere en el acto la propiedad del mismo, y que por ello, si finalmente decide no pagar y retener la cosa, no se hace reo de robo, porque al requerir este delito como elemento indispensable la sustracción fraudulenta de la cosa de otro, no podría considerársele como tal, pues desde el instante que ella tomó la cosa que solicitaba el vendedor, el cambio de los consentimientos de vender y de comprar perfeccionó el contrato que hizo propietario al comprador, quien según esa tesis, amparada en el artículo 1583, citada, podría ser perseguido como deudor pero no como culpable de robo.
     Frente a la exegética interpretación de la doctrina la jurisprudencia reaccionó rápidamente para desvanecer la patente de corso que el indicado principio parecía ofrecer a los “vivos” en la atractiva modalidad de las compraventas “auto-servicio”.
     La Cámara Criminal de la Corte de Casación francesa, en su decisión del 4 de junio de 1915, ha sentado como principio, en una  obvia oposición al que se
enarbolaba como refugio de los créditos diferidos forzosos, que en la compraventa al contado, mientras no se haya pagado el precio, la propiedad no se transmite y el comprador sigue siendo un simple tenedor hasta el pago y, por tanto, se hace culpable de sustracción fraudulenta de la cosa ajena, o sea, de robo, si abandona intencionalmente el establecimiento sin haber pagado el precio ofertado.
    Otra decisión más reciente del mismo alto tribunal, ratificando su posición anterior, dijo el 30 de mayo de 1958 que resulta del sistema así organizado (auto-servicio), que los productos entregados por el vendedor donde consta el precio de estos, siguen siendo de propiedad del vendedor, y que siguen estando también en la posesión de éste hasta que se efectúa el pago en la caja a la salida, por no contar el cliente hasta entonces sino con una tenencia puramente material.
     Estas sentencias, no obstante, han recibido la crítica de la doctrina que sostiene que en ausencia de convenio para diferir o subordinar la transferencia de la propiedad a la realización de un acontecimiento determinado, ésta interviene de pleno derecho desde que hay cambio de consentimiento porque opera solo consensu.
     Quienes así opinan rematan su criterio manifestando que no se puede robar aquello de lo que se es propietario: que la jurisprudencia penal ha preferido considerar, sin justificación teórica suficiente, que la transferencia de propiedad es aplazada hasta el momento en que se realiza el pago en la caja, en vez de exigir actuar al vendedor en resolución de la venta por inejecución por el comprador de su obligación de pagar el precio.
      La opinión dominante, empero, es la de que el comprador, en el tipo de compraventa analizado, no consiente verdaderamente en la venta más que cuando él paga el precio en la caja, momento a partir del cual se hace propietario.(Subrayado de José de Paula).
     No hay duda de que de esto se extrae la solución a que ha arribado la Cámara Criminal de la Corte de Casación mencionada, a despecho de la perfección de la venta de que habla el artículo 1583 del Código Civil, cuando las partes han convenido sobre la cosa y el precio, disposición legal que, al no ser de orden público, puede ser derogada por las partes, mediante una cláusula de reserva de propiedad para garantizar el pago del precio. En este sentido se orienta la jurisprudencia civil.


                                                   _________________________________

                                                   

27.8.15

DERECHOS REALES


Fuente: Henri, León y Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho de Civil. Parte Primera Vol. I.  Introducción al Estudio del  Derecho Privado. Derecho Objetivo. Derechos Subjetivos.P.303-322.

LOS INMUEBLES




El criterio de fijeza. Excepción: Los inmuebles por destino.
Los redactores del Código Civil, por haber abandonado toda distinción entre muebles e inmuebles fundada sobre el valor de las cosas, se han atenido solamente a su naturaleza: a su fijeza o a su movilidad. Sin embargo, han admitido, como lo habían hecho numerosas costumbres, que los inmuebles ejercen una suerte de atracción y confieren su cualidad a cosas muebles, porque esas cosas les están destinadas.  Se encuentran, pues, en el Código Civil dos categorías de cosas inmobiliarias: los inmuebles por naturaleza, que son los únicos inmuebles en el sentido propio del término, es decir, cosas no susceptibles de trasladarse o de ser trasladadas; y los inmuebles por destino, que son en realidad muebles, es decir, cosas susceptibles de traslado, pero que jurídicamente son tratadas como inmuebles en razón de su destino.

1.1.1.- Inmuebles por naturaleza. 
Los inmuebles por naturaleza son las cosas que, por razón de su naturaleza, no pueden ni trasladarse ni ser trasladas; es decir, el suelo y todo lo que se adhiere al suelo.

1°.- El suelo.  El suelo se denomina, por los redactores del Código Civil, “fundo de tierra” o “fundo”. Comprende no solamente la superficie, sino también el subsuelo (el “trefonds”), especialmente las minas y las canteras.

2°.- Las cosas que se adhieren al suelo.  Son los vegetales y los edificios.
Los vegetales son inmuebles mientras están adheridos al suelo. Los redactores del Código Civil han precisado este punto, en los artículos 520 y 521, con una abundancia de detalles que se explica por la preocupación de poner término a la diversidad de las soluciones consuetudinarias.  Los árboles del monte alto, los montes tallares, las cosechas, los frutos son inmuebles mientras que no se rompe la unión con el suelo; desde el momento en que se cortan o recogen, se convierten en muebles.
Todo edificio es inmueble por naturaleza, con la condición de que esté adherido al suelo. El Código Civil no menciona más que los “bastimentos” (*), pero esta palabra significa todo edificio, puente, presa, dique, etc., e incluso se ha opinado que los postes de las líneas eléctricas eran inmuebles por naturaleza (Civ., 4 de mayo de 1937; D. H.1937.471). La adherencia al suelo es necesaria, y resulta a veces delicado decidir si se cumple esta condición. No es sin duda indispensable que el edificio descanse sobre cimientos, ni que el poste eléctrico se apoye en un pedestal de cemento; pero se exige al menos una incorporación, un vínculo duradero con el suelo. Una construcción volante, como la tienda de un circo, una barraca de feria, no son inmuebles (cfr., para un motor instalado sobre losas y fácil de retirar: Req., 21 de octubre de 1931; D. H. 1931. 537).
Esta adherencia al suelo es la única condición exigida. No hay que averiguar si el edificio ha sido levantado por el propietario del terreno o por un tercero.  Su valor tampoco se toma en consideración. Por último, no se hace que intervenga la duración por la cual se ha construido: una construcción de una exposición temporal es inmueble si está adherido al suelo; y es mueble si descansa tan sólo sobre el suelo.
Desde el instante en que el vínculo que lo une al suelo se rompe, el carácter inmobiliario desaparece: los materiales de un edificio que se derrumba se convierten en muebles, como los frutos que caen de un árbol.
LOS INMUEBLES POR DESTINO

Excepción al criterio de fijeza.  Por excepción al criterio extraído de la naturaleza física de las cosas, los redactores del Código Civil han considerado como inmuebles cosas trasladables: las clasifican entre los inmuebles por razón de su destino: porque están afectadas a un inmueble por naturaleza. 
No han querido que estos muebles, unidos o afectados al inmueble, sigan régimen jurídico distinto del inmueble mismo. Así cuando una hipoteca recae sobre un inmueble, se extiende a los muebles que le están destinados y el acreedor hipotecario podrá hacer que se vendan al mismo tiempo que el inmueble (trib. Civ. Troyes, 22 de junio de 1930 D. H. 1931. som. 5). Cualquier otra solución expondría a comprometer el valor del inmueble por naturaleza, considerado por los redactores del Código Civil como el principal. El inmueble y todo lo destinado a él forman un conjunto, una suerte de universalidad: el legislador ha querido someter esta ciudad económica al mismo régimen.
Condiciones de la convención en inmuebles por destino. Los muebles sólo se convierten en inmuebles por destino con tres condiciones:
1ª.- Hace falta la voluntad, en el propietario del inmueble por naturaleza, de crear un vínculo entre el mueble y el inmueble, de hacer del mueble un inmueble por destino (Civ. civ., 18 de octubre de 1950; D. 1950. J. 773; Gaz. Pal., 1950, 2. 411).

2ª.-  El mueble debe corresponder a la propiedad del propietario del inmueble por naturaleza.  El propietario del inmueble no transformaría en inmuebles por destino los muebles que no le pertenecieran. Por lo mismo, los muebles que pertenezcan a un inquilino o a un arrendatario rural no se convierten jamás en inmuebles por destino, aunque estén destinados a la explotación del suelo. La Corte de París (7 de febrero de 1953 ; Gaz. Pal., 1953. 1. 241) ha aplicado esa regla al resolver que conservaba su carácter mobiliario una cuba instalada por una sociedad petrolífera en el local de un distribuidor de gasolina, porque la sociedad continuaba siendo propietaria de la cuba. 
La razón que ha llevado a dictar esta segunda condición se comprende con facilidad: cuando los propietarios del mueble y del inmueble son diferentes, resulta inútil someter esas cosas al mismo régimen jurídico, puesto que no serán jamás hipotecadas, embargadas o vendidas al mismo tiempo. Por otra parte, cuando el inquilino, el arrendatario agrícola, el usufructuario se vayan, se llevarán los muebles de que se hayan servido para la explotación. Por otra parte, sucede con bastante frecuencia que el contrato de arrendamiento atribuye al propietario las instalaciones hechas por el arrendatario. En ese caso, la segunda condición se encuentra cumplida.

3ª.- El mueble debe estar destinado al inmueble. La voluntad del propietario es necesaria, pero no resulta suficiente. Es la ley la que fija las condiciones para la conversión en inmueble por destino, y la misma exige que el mueble esté destinado al inmueble: “Considerando que la cualidad de inmueble por destino depende de condiciones fijadas por la ley y que la sola voluntad del propietario, impotente ella para crear arbitrariamente inmuebles por destino...” (Civ., 27 de junio de 1944; Gaz. Pal., 1944. 2. 97).
En virtud del adagio: “accesorium sequitur principale” , los muebles no se convierten en inmuebles más que porque son accesorio del inmueble por naturaleza.  Para ser accesorio de él, le deben estar destinados.
Esta tercera condición, el destino al inmueble, es la que suscita más dificultades en la práctica. Los artículos 524 y 525 enumeran dos series de hipótesis en las cuales existe un vínculo de destino; por ello distinguen dos categorías de inmuebles por destino: los muebles destinados a la explotación de un fundo y los muebles unidos de manera perpetua.

El destino a la explotación de un fundo. El artículo 524, Párr. 1°, dispone que “los objetos que el propietario de un fundo ha colocado en él para el servicio y la explotación de este fundo son inmuebles por destino”; y el párrafo 2° del mismo artículo cita numerosos ejemplos. La mayoría se refiere a la explotación agrícola de un fundo: “animales dedicados al cultivo, utensilios, aradores, semillas, palomas de los palomares, conejos de criadero, colmenas de miel, pajas y abonos”. Otros se relacionan con la explotación industrial de un fundo: “utensilios necesarios para la explotación de las fraguas, fábricas de papel y otras”. Todo el material industrial, con la condición de que el explotador sea propietario del fundo, es decir, del suelo y de las construcciones, es inmueble pues, y no solamente las máquinas, sino los automóviles, los caballos. Por no ser limitativa la enumeración del artículo 524, la jurisprudencia ha extendido la noción de inmueble por destino a la explotación comercial de un establecimiento. Por lo mismo, los muebles afectados al servicio particular de un inmueble fructífero son inmuebles por destino.
Para que la afectación de un mueble a la explotación de un fundo haga del mueble un inmueble por destino, la jurisprudencia impone dos condiciones.  Exige que el mueble esté destinado a la explotación del fundo, y no al uso personal del propietario: mientras que los camiones afectados a la explotación industrial son inmuebles, el automóvil particular del industrial es un mueble.  Exige igualmente que el mueble sea no sólo útil, sino indispensable para la explotación del fundo; así, mientras que los bueyes de labranza se consideran como inmuebles, las bestias de engorde continúan siendo muebles, salvo si son necesarias para la alimentación de los arrendatarios y el abono de las tierras: y los tribunales pueden diferenciar, entre los animales que componen el rebaño del propietario, aquellos que son, o no, indispensables (Req., 19 de octubre de 1938; D. H. 1938, 613).
Esa doble condición no es exigida por el Código Civil; pero los tribunales han debido formularla para evitar la extensión de la noción de inmueble por destino con perjuicio de los acreedores quirografarios, que estarían expuestos a ver que se atribuían todos los bienes de su deudor, calificados como inmuebles por destino, a los acreedores provistos de una hipoteca sobre el inmueble por naturaleza. Han mantenido así la categoría de los inmuebles por destino en los límites razonables impuestos por las consideraciones económicas.

La unión de manera perpetua.  El artículo 524, párr.3°, dispone: “Son también inmuebles por destino todos los efectos mobiliarios que el propietario haya unido al fundo de manera perpetua”.
Aquí no es ya la idea de servicio, de explotación, el fundamento de la conversión en inmueble; es la afectación de manera perpetua.  Ya no es indispensable que el mueble presente para el inmueble una utilidad económica: incluso si no es útil más que el mismo propietario y hasta si tiene un destino puramente suntuario, podrá ser convertido en inmueble; pero con la condición de que el propietario tenga la intención de afectarlo de manera perpetua, de hacer de él un accesorio permanente del inmueble.
¿Cómo se prueba esa intención?. Es evidente que el propietario se sentirá tentado de afirmar, según su interés, que los muebles que se encuentran en el inmueble están afectados, o no, por él de manera perpetua: si el acreedor hipotecario embarga el inmueble, el propietario pretenderá no haber afectado a él de manera permanente ningún mueble.
Era, pues, necesario recurrir a la apariencia, a signos exteriores de los cuales puedan fiarse legítimamente los terceros. El artículo 524, párr. 3°, exige una unión  al fundo.
Una unión cualquiera permitirá establecer la intención del propietario, con la condición de que se manifieste aquella por medio de signos aparentes: “por hechos materiales de adherencia aparente y duradera” (Civ. civ., 18 de octubre de 1950, infra, Lecturas, I). Los redactores del Código Civil se han tomado el cuidado incluso de enumerar en el artículo 525 los procedimientos de unión que hacen presumir la intención del propietario: “Se considera que el propietario ha unido a su fundo efectos mobiliarios de manera perpetua...”.

Tres procedimientos de unión son recordados así a título de presunciones legales: 1° el sellado o fijación “con yeso, con cal o con cemento”, o cualquier otro modo de unión que impida que los muebles puedan ser separados sin ser quebrantados, o sin romper o deteriorar la parte del fundo a la cual están unidos; 2° la incorporación de espejos, cuadros u otros ornamentos en el revestimiento de madera de las paredes (sabido es que este modo de ornamentación era frecuente a fines del siglo XVIII y en el estilo “Directorio”); 3° la disposición de un nicho para recibir una estatua, aun cuando tal estatua esté colocada simplemente en el nicho.
Fuera de esos tres procedimientos que el legislador recuerda como presunciones, pertenece a los tribunales resolver, teniendo en cuenta la arquitectura y la decoración modera, si los signos aparentes son reveladores de la intención del propietario de unir de manera perpetua el mueble al fundo. Una unión material es inútil, como lo muestra la disposición relativa a las estatuas; lo necesario es un signo aparente. Así, los espejos han sido considerados como inmuebles, y no porque formaran materialmente cuerpo con el revestimiento de madera, sino porque su retiro habría dejado vacíos en los muros (Douaí, 1° de febrero de 1900; D. 1900. 2. 447). Por el contrario, en ausencia de signos reveladores de la incorporación, la prueba de la intención del propietario sería ineficaz (Civ., 17 de enero de 1859; infra, Lecturas, I; Nancy, 25 de marzo de 1905; D. 1906. 2. 366).  En efecto, los terceros no habrían podido confiar legítimamente en la apariencia.
Críticas muy vivas se han dirigido contra los redactores del Código Civil en cuanto a la categoría de los muebles unidos de manera perpetua al fundo.  Esas críticas recaen sobre dos puntos.
Se ha pretendido primeramente que el criterio de unión al fundo no significa nada, y que sólo la afectación al fundo deberá conservarse. Esa critica no es valedera: si el mueble es indispensable para la explotación del fundo, y no está destinado solamente para solaz o utilidad exclusivos del propietario, si, por ejemplo, algunos espejos adosados simplemente a la pared por el propietario se encuentran en un departamento que ha dado en arriendo, se catalogarán esos espejos entre los inmuebles por destino de la primera categoría. Por el contrario, cuando el mueble no sirve para la explotación del fundo, es necesario un signo que revele la incorporación al inmueble. En ausencia de tal signo, nada es susceptible de advertir a los terceros que el mueble, que no es útil para el fundo, le está afectado sin embargo.  Hay que destacar que, tras haber vacilado algo, la jurisprudencia ha vuelto al criterio del vínculo material, del signo evidente.  La redacción de los artículos 524 y 525 habría permitido una interpretación muy extensa; el hecho de que los tribunales, situados frente a las dificultades prácticas hayan encontrado prudente atenerse al principio establecido por el artículo 524, Párr. 3°, demuestra el acierto de los redactores.
Cuando el objeto está de tal manera fijo que no puede ser separado sin ser deteriorado o sin deteriorar el inmueble por naturaleza, el criterio que permite zanjar la dificultad parece ser el siguiente: el mueble se convierte en inmueble por naturaleza cuando forma “parte integrante” del inmueble, cuando es un elemento mismo del edificio, una parte esencial (ventana, puerta, escalera, balcón), a falta del cual el edificio estaría incompleto, o cuando está absorbido en la masa de la mampostería; de manera general, un mueble se convierte en inmueble por naturaleza cuando es incorporado a un inmueble por naturaleza, es decir, cuando pierde su individualidad, al no existir ya como objeto separado por integrase en el inmueble por naturaleza.  Por el contrario, cuando, aun unido a un inmueble por naturaleza, conserva su individualidad, y su separación sigue siendo concebible en el sentido de que no le haría perder su utilidad, se convierte en inmueble por destino unido de manera perpetua.

DIFERENCIAS DE REGIMEN ENTRE LOS INMUEBLES POR
NATURALEZA Y LOS INMUEBLES POR DESTINO

Conversión de un mueble en inmueble.  Privilegio del vendedor. Los inmuebles por destino siguen, en principio, el régimen de los inmuebles por naturaleza, y por esa razón han sido asimilados a los inmuebles por los redactores del Código.
La asimilación jurídica no es completa sin embargo; las diferencias de naturaleza que existen entre ambas categorías de cosas imponen diferencias en el plano del derecho.

1° Un mueble se convierte en inmueble por naturaleza desde que se incorpora a un inmueble, sin que haya de buscarse si la incorporación ha sido hecha por el propietario o por un tercero.  Al contrario, un mueble no puede convertirse en inmueble por destino más que si pertenece al propietario del inmueble por naturaleza.
En efecto, el inmueble por destino permanece siendo separable del inmueble por naturaleza, aunque esto fuera al precio de una degradación; conserva su existencia propia, su individualidad; si no se ha convertido en propiedad del propietario del inmueble por naturaleza, es inútil entonces unirlo jurídicamente con ese inmueble.

2° Cuando el vendedor de un mueble no es pagado, conserva un privilegio sobre el mueble, lo cual le permite embargarlo, pedir que se venda y hacerse pago el primero con el precio. Ese privilegio desaparece cuando el mueble (ladrillos, piedras, vigas, tablas) se ha convertido en mueble por naturaleza. Subsiste, por el contrario, cuando el mueble no se ha convertido más que en un inmueble por destino. El vendedor de muebles afectados por el comprador a la explotación de un fundo, por ejemplo, el vendedor de animales de labranza, ejercerá sobre esos muebles su privilegio, aunque sean indispensables para la explotación del fundo. Lo mismo sucederá con los muebles unidos de manera perpetua al fundo.
Esta segunda diferencia es tan justificada como la primera: en tanto que el mueble ha conservado su individualidad, es normal que el vendedor ejerza su privilegio; no existe una razón para privarle de él más que en el inmueble por naturaleza.
Puesto que esas diferencias de régimen se justifican, el legislador no debe suprimir de nuestro código la categoría de los inmuebles por destino al asimilarlos pura llanamente, como algunos lo preconizan, a los inmuebles por naturaleza. Hay que lamentar, pues, las disposiciones del anteproyecto elaborado por la Comisión de reforma del Código Civil: las cosas unidas de manera perpetua a un inmueble por naturaleza son tratadas en él como inmuebles por naturaleza; y las afectadas a una explotación sin vínculo de unión, siguen siendo muebles (cfr. Supra, Lección X, Lecturas).  

DERECHOS INMOBILIARIOS

El artículo 517 del Código Civil dispone: “Los bienes son inmuebles, o por su naturaleza, o por su destino o por el objeto al cual se aplican”.
Los inmuebles por naturaleza o por destino son cosas. 
El artículo 517 no cita, pues, más que una categoría de los derechos inmobiliarios, los inmuebles por el objeto al cual se aplican.

INMUEBLES POR EL OBJETO AL CUAL SE APLICAN.
Los derechos reales inmobiliarios. Los inmuebles por el objeto al cual se aplican son, o bien derechos reales inmobiliarios, o bien derechos personales inmobiliarios.
El artículo 526 del Código Civil cita como inmuebles por el objeto al cual se aplican “el usufructo de las cosas inmobiliarias, las servidumbres o servicios prediales, las acciones que tienden a reivindicar un inmueble”.
Cabe sorprenderse por no encontrar mencionado el derecho real más importante: el derecho de propiedad inmobiliaria. Los redactores del Código Civil confundieron, por seguir a los romanos, el derecho de propiedad con la cosa sobre la cual recae (cfr. Supra, n. 174); se han ocupado, pues, del derecho de propiedad inmobiliaria como de un inmueble por naturaleza o por destino. No por ello deja de ser menos cierto que el derecho de propiedad que recae sobre un inmueble es un derecho real inmobiliario.
Al usufructo se agregarán los derechos reales de uso y habitación y la enfiteusis; es decir, todos los derechos reales principales cuando recaen sobre inmuebles. 
De igual manera son considerados como inmobiliarios los derechos reales accesorios que recaen sobre inmuebles, sobre todo la hipoteca. 
El artículo 526 enumera las acciones judiciales después de los derechos. La acción no es más que la posibilidad de lograr que se reconozca y sancione un derecho ante la justicia. Una acción es un medio, una vía de derecho; y es algo abusivo extender la clasificación a las vías de derecho.  Sin embargo, las reglas de las acciones judiciales que tienden a que se reconozca un derecho inmobiliario son diferentes de las del derecho común, singularmente en lo concerniente a la competencia (cfr. Supra, n. 182); por tanto, resulta normal que se hable, brevitatis causa, de acciones inmobiliarias. La precisión del artículo 526 significa sencillamente que las acciones que tienden, incluso indirectamente, a reivindicar un inmueble, son inmobiliarias; así, la acción por la cual demanda el vendedor no pagado la resolución de la venta de un inmueble se presenta como una acción personal, porque el derecho del vendedor es un derecho de crédito; pero tendrá como consecuencia el retorno del inmueble al patrimonio del vendedor; es, pues, una acción mixta, a la cual creyeron atribuir los caracteres de las acciones inmobiliarias los redactores del Código Civil.

Los derechos personales inmobiliarios. En principio, un derecho personal no es un derecho inmobiliario. En efecto, un derecho personal, un derecho de crédito, tiene por objeto una prestación; es decir, la ejecución de un hecho o de una obtención por el deudor; no tiene, pues, un inmueble por objeto.
Eso es así, incluso en los casos en que la prestación consiste en la entrega de un inmueble al acreedor.  Resulta, en efecto, del artículo 1,138 del Código Civil que el comprador de un cuerpo cierto se convierte inmediatamente en propietario del mismo, desde el acuerdo de voluntades, antes incluso de que el vendedor haya enviado o entregado la cosa al comprador. El vendedor no es, pues, ya deudor de la obligación de transmitir la propiedad; esa transmisión está ya efectuada; se ha producido automáticamente por el contrato.
1° Sin embargo, excepcionalmente, en ciertas ventas, la transmisión de la propiedad se encuentra diferida durante cierto plazo; cabe, por ejemplo, decidir que la transmisión de la propiedad se difiere hasta una fecha.

LOS MUEBLES



Idea general. La situación jurídica es más sencilla para los muebles que para los inmuebles.
1° Por una parte, no existen muebles que correspondan a la categoría de los inmuebles por destino. Los bienes mobiliarios no ejercen sobre los inmuebles la fuerza sobre los muebles;
2° Por otra parte, no existen muebles por simple declaración de voluntad ; no depende del propietario de un inmueble el imprimirle, por voluntad unilateral, el carácter mobiliario.
No quedan, pues, más que dos categorías de muebles posibles: muebles corporales (o muebles por su naturaleza) y muebles incorporales, designados estos últimos por el Código Civil con la denominación mal elegida de muebles por determinación de la ley (art. 527).
Sin embargo, a estas dos categorías esenciales conviene añadir una tercera, conocida con el nombre de muebles por anticipación. 

MUEBLES POR NATURALEZA (MUEBLES CORPORALES)






Hay cosas móviles por su naturaleza y que por otra parte, no han sido inmovilizadas por destino. El art. 528 distingue lógicamente dos especies de estos bienes, según que puedan transportarse por sí mismos de un lugar a otro (animales), o que sean susceptibles de ser desplazados por efecto de una fuerza extraña (muebles inanimados, tales como libros, cuadros, materiales de construcción, mesas, joyas, ropa, etc.). En esta segunda categoría figura el montaje del art. 534, es decir los muebles que están destinados al “uso y adorno de las habitaciones”: tapicerías, camas, sillones, espejos, relojes de pared.
La categoría de los muebles corporales se ha enriquecido con elementos nuevos y cada vez más numerosos. Algunos de ellos presentan un gran valor, como los navíos, embarcaciones de río, aeronaves, joyas, cuadros.

MUEBLES INCORPORALES (llamados inexactamente por determinación de la ley).
Generalidades. Hay derechos a los cuales podría aplicarse el calificativo de muebles por el objeto a que se aplican; son derechos mobiliarios porque recaen sobre muebles, como el usufructo de un mueble o la hipoteca establecida sobre un bien mobiliario, o también un crédito de cantidad de dinero.
El artículo 529 quiso precisar más; pero lo hizo en términos mediocres que se aplican, por otra parte, por razón de la fecha en que se redactó. Desde entonces muchas instituciones han sido ampliadas y han tomado inmenso vuelo, siendo así que hace más un siglo, no existían o apenas existían. 
Trataremos sucesivamente de los derechos reales y de los derechos de crédito.
Derechos reales. Son muchos incorporales los derechos reales que recaen sobre los muebles: usufructo (art. 526, arg. a contrario), hipoteca establecida sobre un navío, un barco de río, una aeronave, o un fundo de comercio; el derecho de prenda, el cual no puede recaer más que sobre bienes mobiliarios.
En cuanto al derecho de propiedad, parece que convendría excluirlo de esta enumeración, pues confundiéndose con su objeto, se clasifica entre los bienes corporales, y, por consiguiente, entre los muebles corporales si recae sobre un mueble.



Propiedades incorporales.  Sin embargo, esta inducción no es exacta para todas las propiedades; lo es para las propiedades llamadas corporales, no lo es para las propiedades incorporales, que, por la razón misma de que confieren a sus titulares prerrogativas menos intensas y menos extensas, se destacan de su objeto, escapan a la ley tradicional de la materialización y constituyen, por consiguiente, como lo indica su nombre, muebles incorporales. Tal es el caso de los oficios ministeriales, derechos de autor y de inventor (propiedad literaria, artística, industrial) y los fondos de comercio (ver ns. 515 y sigtes.).








Derechos de crédito. Son mobiliarios desde el momento que su objeto en sí mismo presenta ese carácter: los créditos de sumas de dinero son el prototipo de esta categoría (art. 529); es preciso citar también las obligaciones de hacer o de no hacer.
Pero no son solamente los créditos ordinarios los enumerados por el artículo 529, son también dos variedades de una gran complejidad: las “acciones o intereses en las compañías de finanzas, de comercio o de industria”, y “ las rentas perpetuas o vitalicias, bien del Estado, bien de los particulares”.

20.10.13

 La Causa de la Responsabilidad Civil

Tomado de: Subero Isa (2010, p. 512-514)

LA CAUSA DE LA DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVI
CONCEPTO:
   El Dr. Juan Manuel Pellerano Gómez, en su ya mencionado artículo titulado La Causa de la Demanda en Responsabilidad Civil dice que La noción de causa de la demanda es una de las más importantes del derecho procesal en razón de que incide en todas las fases del proceso. Se le encuentra cuando se trata de establecer la recibilidad del procedimiento, como sucede en la competencia de atribución en sentido general, lo mismo que cuando se solicita la declinatoria de litispendencia o conexidad, o se plantea la cuestión prejudicial sintetizada en la máxima “Lo penal mantiene lo civil en estado” o cuando se invoca la inadmisibilidad que surge de la aplicación de la regla “una vía electa”. También se presenta el problema de la causa en algunos aspectos del derecho de la acción en justicia, es así cuando se quiere tipificar algún procedimiento constituye una demanda nueva por su causa, o establecer el ámbito de la autoridad de la cosa juzgada. Bien puede referirse al fondo mismo del proceso en cuanto se trata de la incidencia sobre su inmutabilidad”.

   Nosotros ya hemos apuntado que para la tradicional jurisprudencia francesa, la causa de la demanda en responsabilidad civil es el texto legal que invoca el demandado. De ahí que una demanda fundada en la responsabilidad por el hecho de otro (Art. 1384 del Código civil) no tiene la misma causa que una demanda fundada sobre los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, o basada en el art. 1385 o en el art. 1386 del mismo Código, y que la sentencia que se obtenga no tendrá autoridad de cosa juzgada sobre la demanda fundamental en otro texto legal. De lo anterior resulta que si el prevenido es descargado por la jurisdicción penal y es demandado en lo civil por el art. 1384, párr.1ro. del Código Civil, la sentencia de descargo no se impondrá al juez de lo civil.

   En cuanto a la jurisprudencia dominicana, tal como lo señala el Dr. Juan Manuel Pellerano Gómez, todas las acciones surgen como consecuencia como hecho generador a la infracción misma, sin que haya lugar a distinguir entre la acción que se fundamenta en la responsabilidad del hecho personal y las que se basan en la responsabilidad del hecho de otro o la derivada del hecho de las cosas, y sin que tampoco se tenga que establecer diferencia alguna en cuanto a la naturaleza del daño cuya reparación se reclama. En otras palabras, la acción de la víctima en reparación del perjuicio sufrido tiene siempre una sola y misma causa, cual que sea la naturaleza de la responsabilidad sobre la cual ella es fundamentada.

   De lo anterior se derivan consecuencias de incuestionable importancia práctica.

a)    Cuando la acción civil nace de una infracción a la ley penal y se demanda por ante la jurisdicción civil al guardián de la cosa inanimada ésta jurisdicción está obligada a sobreseer el conocimiento de la acción civil hasta tanto la jurisdicción represiva falle definitivamente el aspecto penal.

b)    Lo decidido por la jurisdicción represiva se va a imponer al juez de lo civil aun cuando este juez se encuentre apoderado de una demanda fundamentada en la responsabilidad del guardián de la cosa inanimada.

c)    El juez puede fundamentar su sentencia en una disposición legal que no sea la invocada por las partes en el proceso, sin que con ello falle extra petita, lo cual está prohibido por el art. 480 del Código de Procedimiento Civil.

d)    La autoridad de la cosa juzgada, consagrada por el art. 1351 del Código civil impide a la víctima renovar su demanda, sin importar cual sea el texto nuevo que ella invoque.

 

 

2.9.13


ALGUNAS JURISPRUDENCIAS ACERCA DEL SALARIO
Tomado de Julio Aníbal Suarez (2009) JURISPRUDENCIA  DEL TRABAJO: 2001-2008.

1. Salarios, Dietas, rentas, comisiones y otros valores recibidos permanente e invariablemente por trabajadores, son salarios. Ha sido criterio de esta corte, que las sumas de dineros que por concepto de dietas, rentas, comisiones y otros que son recibidas permanente e invariablemente por un trabajador como consecuencia de la prestación ordinaria de sus servicios personales, constituyen parte integral del salario ordinario computable a los fines de determinar el monto del auxilio de cesantía y otros derechos, sea cual fuere la denominación con que se distinga. En la especie el Tribunal a-quo dio por establecido que los montos que recibían las demandantes por concepto de gasolina y lavandería, eran montos permanentes e invariables, al margen del consumo que por esos renglones hicieran, lo que le da la calidad de salarios ordinarios, que como tales debían ser tomados en cuenta en el momento de computarse el salario navideño, la participación en los beneficios, las variaciones y otros derechos de dichas trabajadoras, como lo hizo la Corte a-qua. Sent. 26 de mayo 2004, B. J. 1122. Págs. 845-855.

2. Salarios. El alojamiento y alimentos que reciben trabajadores de hoteles, no constituyen parte del salario ordinario. Si bien es cierto de esta corte que los valores que reciban los trabajadores, de manera fija y permanente para ser utilizado en su alimentación y alojamiento es recibida en especie, por las características y naturaleza de la industria hotelera que vende esos servicios y como tal los proporciona a los trabajadores como condición necesaria para la prestación del servicio. (Hotel Sol del Plata Vs. Doris Margarita Luis Egalité). Sent. 25 de junio del 2008.

3. Salarios. El delito de falta de pago del salario instituido por el artículo 211 del Código de Trabajo, debe ser conocido por la jurisdicción penal y es ante esa jurisdicción que el empleador debe demostrar que cumplió con su obligación.  De acuerdo al artículo 211 del Código de Trabajo, constituye un delito penal, el hecho de contratar trabajadores y no pagar la remuneración que le corresponda, en la fecha estipulada o a la terminación de la obra o servicio convenidos. Para que una acción de esa naturaleza sea acogida es necesario que se establezca la existencia de un contrato del trabajo, la prestación de servicio cuyo pago se reclama, y la circunstancia de que el empleador no pagare la remuneración reclamada, en la fecha que fue pactada para ello, o en la terminación del servicio o de la obra convenida, lo que a su vez constituye el fraude que hace apacible las sanciones establecidas por el artículo 401 del Código Penal. Es ante la jurisdicción penal apoderada de una querella por violación por violación al referido artículo 211 del Código de Trabajo, que la persona encausada tiene que invocar los medios de defensa que considere pertinentes y aportar las pruebas que fueren necesarias para librarse de la acusación que se le formula, sin necesidad de recurrir ante la jurisdicción laboral para demostrar que no adeuda la suma reclamada. En la especie, la recurrente, si se pretendía no ser deudora delos salarios reclamados por el recurrido por ante la jurisdicción penal, debió utilizar esa jurisdicción para solicitar que se le declarara “como no responsable del pago de los valores cuyo pago exigía el trabajador y los demás pedimentos que formuló en su demanda por ante los tribunales de trabajo, habida cuenta de que los mismos constituían medios de defensa en relación con la acción penal, puesta en marcha por la reclamación hecha por dicho trabajador. En vista de eso, tal como lo indica la sentencia impugnada, la recurrente carecía de un interés legítimo para iniciar su acción ante el tribunal de trabajo, por tener esa oportunidad en forma más directa, por ante el tribunal penal, que ya estaba apoderada de una acción derivada de la existencia del contrato de trabajo y la prestación del servicio, hechos alegados por el actual recurrido y quién era el que tenía que decidir sobre las pretensiones de la empresa, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. Sentencia 26 de marzo 2003, B. J. núm. 1108, Págs. 843-849.

4. Compensación a favor de créditos otorgados por el empleador se basa en principio de buena fe. La permisibilidad de la compensación de los créditos arriba indicados de los valores que corresponden al trabajador por concepto de salarios, principalmente cuando son extraordinarios y serían recibidos después de la terminación del contrato de trabajo, está basado en el principio de la buena fe que fundamenta las relaciones entre trabajadores y empleadores y en el hecho de que su eliminación crearía perjuicio a los propios trabajadores, quienes por no ser económicamente sujetos de créditos comerciales se ven compelidos a recurrir a sus empleadores para la solución de los problemas de carácter económico que se le presentan durante la existencia del contrato de trabajo, los cuales negarían su colaboración en ese sentido si no se le permitiera el recobro de las sumas invertidas, ya fuere como anticipos de salarios o pagos de obligaciones contraídas por el trabajador a través del descuento o compensación de las sumas que él a su vez adeude a éste. (B. J. núm. 1169, Págs. 820-835). Sent. del 23 de abril de 2008.

 

 

Buscar en este blog

Cargando...