27.8.15

DERECHOS REALES


Fuente: Henri, León y Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho de Civil. Parte Primera Vol. I.  Introducción al Estudio del  Derecho Privado. Derecho Objetivo. Derechos Subjetivos.P.303-322.

LOS INMUEBLES




El criterio de fijeza. Excepción: Los inmuebles por destino.
Los redactores del Código Civil, por haber abandonado toda distinción entre muebles e inmuebles fundada sobre el valor de las cosas, se han atenido solamente a su naturaleza: a su fijeza o a su movilidad. Sin embargo, han admitido, como lo habían hecho numerosas costumbres, que los inmuebles ejercen una suerte de atracción y confieren su cualidad a cosas muebles, porque esas cosas les están destinadas.  Se encuentran, pues, en el Código Civil dos categorías de cosas inmobiliarias: los inmuebles por naturaleza, que son los únicos inmuebles en el sentido propio del término, es decir, cosas no susceptibles de trasladarse o de ser trasladadas; y los inmuebles por destino, que son en realidad muebles, es decir, cosas susceptibles de traslado, pero que jurídicamente son tratadas como inmuebles en razón de su destino.

1.1.1.- Inmuebles por naturaleza. 
Los inmuebles por naturaleza son las cosas que, por razón de su naturaleza, no pueden ni trasladarse ni ser trasladas; es decir, el suelo y todo lo que se adhiere al suelo.

1°.- El suelo.  El suelo se denomina, por los redactores del Código Civil, “fundo de tierra” o “fundo”. Comprende no solamente la superficie, sino también el subsuelo (el “trefonds”), especialmente las minas y las canteras.

2°.- Las cosas que se adhieren al suelo.  Son los vegetales y los edificios.
Los vegetales son inmuebles mientras están adheridos al suelo. Los redactores del Código Civil han precisado este punto, en los artículos 520 y 521, con una abundancia de detalles que se explica por la preocupación de poner término a la diversidad de las soluciones consuetudinarias.  Los árboles del monte alto, los montes tallares, las cosechas, los frutos son inmuebles mientras que no se rompe la unión con el suelo; desde el momento en que se cortan o recogen, se convierten en muebles.
Todo edificio es inmueble por naturaleza, con la condición de que esté adherido al suelo. El Código Civil no menciona más que los “bastimentos” (*), pero esta palabra significa todo edificio, puente, presa, dique, etc., e incluso se ha opinado que los postes de las líneas eléctricas eran inmuebles por naturaleza (Civ., 4 de mayo de 1937; D. H.1937.471). La adherencia al suelo es necesaria, y resulta a veces delicado decidir si se cumple esta condición. No es sin duda indispensable que el edificio descanse sobre cimientos, ni que el poste eléctrico se apoye en un pedestal de cemento; pero se exige al menos una incorporación, un vínculo duradero con el suelo. Una construcción volante, como la tienda de un circo, una barraca de feria, no son inmuebles (cfr., para un motor instalado sobre losas y fácil de retirar: Req., 21 de octubre de 1931; D. H. 1931. 537).
Esta adherencia al suelo es la única condición exigida. No hay que averiguar si el edificio ha sido levantado por el propietario del terreno o por un tercero.  Su valor tampoco se toma en consideración. Por último, no se hace que intervenga la duración por la cual se ha construido: una construcción de una exposición temporal es inmueble si está adherido al suelo; y es mueble si descansa tan sólo sobre el suelo.
Desde el instante en que el vínculo que lo une al suelo se rompe, el carácter inmobiliario desaparece: los materiales de un edificio que se derrumba se convierten en muebles, como los frutos que caen de un árbol.
LOS INMUEBLES POR DESTINO

Excepción al criterio de fijeza.  Por excepción al criterio extraído de la naturaleza física de las cosas, los redactores del Código Civil han considerado como inmuebles cosas trasladables: las clasifican entre los inmuebles por razón de su destino: porque están afectadas a un inmueble por naturaleza. 
No han querido que estos muebles, unidos o afectados al inmueble, sigan régimen jurídico distinto del inmueble mismo. Así cuando una hipoteca recae sobre un inmueble, se extiende a los muebles que le están destinados y el acreedor hipotecario podrá hacer que se vendan al mismo tiempo que el inmueble (trib. Civ. Troyes, 22 de junio de 1930 D. H. 1931. som. 5). Cualquier otra solución expondría a comprometer el valor del inmueble por naturaleza, considerado por los redactores del Código Civil como el principal. El inmueble y todo lo destinado a él forman un conjunto, una suerte de universalidad: el legislador ha querido someter esta ciudad económica al mismo régimen.
Condiciones de la convención en inmuebles por destino. Los muebles sólo se convierten en inmuebles por destino con tres condiciones:
1ª.- Hace falta la voluntad, en el propietario del inmueble por naturaleza, de crear un vínculo entre el mueble y el inmueble, de hacer del mueble un inmueble por destino (Civ. civ., 18 de octubre de 1950; D. 1950. J. 773; Gaz. Pal., 1950, 2. 411).

2ª.-  El mueble debe corresponder a la propiedad del propietario del inmueble por naturaleza.  El propietario del inmueble no transformaría en inmuebles por destino los muebles que no le pertenecieran. Por lo mismo, los muebles que pertenezcan a un inquilino o a un arrendatario rural no se convierten jamás en inmuebles por destino, aunque estén destinados a la explotación del suelo. La Corte de París (7 de febrero de 1953 ; Gaz. Pal., 1953. 1. 241) ha aplicado esa regla al resolver que conservaba su carácter mobiliario una cuba instalada por una sociedad petrolífera en el local de un distribuidor de gasolina, porque la sociedad continuaba siendo propietaria de la cuba. 
La razón que ha llevado a dictar esta segunda condición se comprende con facilidad: cuando los propietarios del mueble y del inmueble son diferentes, resulta inútil someter esas cosas al mismo régimen jurídico, puesto que no serán jamás hipotecadas, embargadas o vendidas al mismo tiempo. Por otra parte, cuando el inquilino, el arrendatario agrícola, el usufructuario se vayan, se llevarán los muebles de que se hayan servido para la explotación. Por otra parte, sucede con bastante frecuencia que el contrato de arrendamiento atribuye al propietario las instalaciones hechas por el arrendatario. En ese caso, la segunda condición se encuentra cumplida.

3ª.- El mueble debe estar destinado al inmueble. La voluntad del propietario es necesaria, pero no resulta suficiente. Es la ley la que fija las condiciones para la conversión en inmueble por destino, y la misma exige que el mueble esté destinado al inmueble: “Considerando que la cualidad de inmueble por destino depende de condiciones fijadas por la ley y que la sola voluntad del propietario, impotente ella para crear arbitrariamente inmuebles por destino...” (Civ., 27 de junio de 1944; Gaz. Pal., 1944. 2. 97).
En virtud del adagio: “accesorium sequitur principale” , los muebles no se convierten en inmuebles más que porque son accesorio del inmueble por naturaleza.  Para ser accesorio de él, le deben estar destinados.
Esta tercera condición, el destino al inmueble, es la que suscita más dificultades en la práctica. Los artículos 524 y 525 enumeran dos series de hipótesis en las cuales existe un vínculo de destino; por ello distinguen dos categorías de inmuebles por destino: los muebles destinados a la explotación de un fundo y los muebles unidos de manera perpetua.

El destino a la explotación de un fundo. El artículo 524, Párr. 1°, dispone que “los objetos que el propietario de un fundo ha colocado en él para el servicio y la explotación de este fundo son inmuebles por destino”; y el párrafo 2° del mismo artículo cita numerosos ejemplos. La mayoría se refiere a la explotación agrícola de un fundo: “animales dedicados al cultivo, utensilios, aradores, semillas, palomas de los palomares, conejos de criadero, colmenas de miel, pajas y abonos”. Otros se relacionan con la explotación industrial de un fundo: “utensilios necesarios para la explotación de las fraguas, fábricas de papel y otras”. Todo el material industrial, con la condición de que el explotador sea propietario del fundo, es decir, del suelo y de las construcciones, es inmueble pues, y no solamente las máquinas, sino los automóviles, los caballos. Por no ser limitativa la enumeración del artículo 524, la jurisprudencia ha extendido la noción de inmueble por destino a la explotación comercial de un establecimiento. Por lo mismo, los muebles afectados al servicio particular de un inmueble fructífero son inmuebles por destino.
Para que la afectación de un mueble a la explotación de un fundo haga del mueble un inmueble por destino, la jurisprudencia impone dos condiciones.  Exige que el mueble esté destinado a la explotación del fundo, y no al uso personal del propietario: mientras que los camiones afectados a la explotación industrial son inmuebles, el automóvil particular del industrial es un mueble.  Exige igualmente que el mueble sea no sólo útil, sino indispensable para la explotación del fundo; así, mientras que los bueyes de labranza se consideran como inmuebles, las bestias de engorde continúan siendo muebles, salvo si son necesarias para la alimentación de los arrendatarios y el abono de las tierras: y los tribunales pueden diferenciar, entre los animales que componen el rebaño del propietario, aquellos que son, o no, indispensables (Req., 19 de octubre de 1938; D. H. 1938, 613).
Esa doble condición no es exigida por el Código Civil; pero los tribunales han debido formularla para evitar la extensión de la noción de inmueble por destino con perjuicio de los acreedores quirografarios, que estarían expuestos a ver que se atribuían todos los bienes de su deudor, calificados como inmuebles por destino, a los acreedores provistos de una hipoteca sobre el inmueble por naturaleza. Han mantenido así la categoría de los inmuebles por destino en los límites razonables impuestos por las consideraciones económicas.

La unión de manera perpetua.  El artículo 524, párr.3°, dispone: “Son también inmuebles por destino todos los efectos mobiliarios que el propietario haya unido al fundo de manera perpetua”.
Aquí no es ya la idea de servicio, de explotación, el fundamento de la conversión en inmueble; es la afectación de manera perpetua.  Ya no es indispensable que el mueble presente para el inmueble una utilidad económica: incluso si no es útil más que el mismo propietario y hasta si tiene un destino puramente suntuario, podrá ser convertido en inmueble; pero con la condición de que el propietario tenga la intención de afectarlo de manera perpetua, de hacer de él un accesorio permanente del inmueble.
¿Cómo se prueba esa intención?. Es evidente que el propietario se sentirá tentado de afirmar, según su interés, que los muebles que se encuentran en el inmueble están afectados, o no, por él de manera perpetua: si el acreedor hipotecario embarga el inmueble, el propietario pretenderá no haber afectado a él de manera permanente ningún mueble.
Era, pues, necesario recurrir a la apariencia, a signos exteriores de los cuales puedan fiarse legítimamente los terceros. El artículo 524, párr. 3°, exige una unión  al fundo.
Una unión cualquiera permitirá establecer la intención del propietario, con la condición de que se manifieste aquella por medio de signos aparentes: “por hechos materiales de adherencia aparente y duradera” (Civ. civ., 18 de octubre de 1950, infra, Lecturas, I). Los redactores del Código Civil se han tomado el cuidado incluso de enumerar en el artículo 525 los procedimientos de unión que hacen presumir la intención del propietario: “Se considera que el propietario ha unido a su fundo efectos mobiliarios de manera perpetua...”.

Tres procedimientos de unión son recordados así a título de presunciones legales: 1° el sellado o fijación “con yeso, con cal o con cemento”, o cualquier otro modo de unión que impida que los muebles puedan ser separados sin ser quebrantados, o sin romper o deteriorar la parte del fundo a la cual están unidos; 2° la incorporación de espejos, cuadros u otros ornamentos en el revestimiento de madera de las paredes (sabido es que este modo de ornamentación era frecuente a fines del siglo XVIII y en el estilo “Directorio”); 3° la disposición de un nicho para recibir una estatua, aun cuando tal estatua esté colocada simplemente en el nicho.
Fuera de esos tres procedimientos que el legislador recuerda como presunciones, pertenece a los tribunales resolver, teniendo en cuenta la arquitectura y la decoración modera, si los signos aparentes son reveladores de la intención del propietario de unir de manera perpetua el mueble al fundo. Una unión material es inútil, como lo muestra la disposición relativa a las estatuas; lo necesario es un signo aparente. Así, los espejos han sido considerados como inmuebles, y no porque formaran materialmente cuerpo con el revestimiento de madera, sino porque su retiro habría dejado vacíos en los muros (Douaí, 1° de febrero de 1900; D. 1900. 2. 447). Por el contrario, en ausencia de signos reveladores de la incorporación, la prueba de la intención del propietario sería ineficaz (Civ., 17 de enero de 1859; infra, Lecturas, I; Nancy, 25 de marzo de 1905; D. 1906. 2. 366).  En efecto, los terceros no habrían podido confiar legítimamente en la apariencia.
Críticas muy vivas se han dirigido contra los redactores del Código Civil en cuanto a la categoría de los muebles unidos de manera perpetua al fundo.  Esas críticas recaen sobre dos puntos.
Se ha pretendido primeramente que el criterio de unión al fundo no significa nada, y que sólo la afectación al fundo deberá conservarse. Esa critica no es valedera: si el mueble es indispensable para la explotación del fundo, y no está destinado solamente para solaz o utilidad exclusivos del propietario, si, por ejemplo, algunos espejos adosados simplemente a la pared por el propietario se encuentran en un departamento que ha dado en arriendo, se catalogarán esos espejos entre los inmuebles por destino de la primera categoría. Por el contrario, cuando el mueble no sirve para la explotación del fundo, es necesario un signo que revele la incorporación al inmueble. En ausencia de tal signo, nada es susceptible de advertir a los terceros que el mueble, que no es útil para el fundo, le está afectado sin embargo.  Hay que destacar que, tras haber vacilado algo, la jurisprudencia ha vuelto al criterio del vínculo material, del signo evidente.  La redacción de los artículos 524 y 525 habría permitido una interpretación muy extensa; el hecho de que los tribunales, situados frente a las dificultades prácticas hayan encontrado prudente atenerse al principio establecido por el artículo 524, Párr. 3°, demuestra el acierto de los redactores.
Cuando el objeto está de tal manera fijo que no puede ser separado sin ser deteriorado o sin deteriorar el inmueble por naturaleza, el criterio que permite zanjar la dificultad parece ser el siguiente: el mueble se convierte en inmueble por naturaleza cuando forma “parte integrante” del inmueble, cuando es un elemento mismo del edificio, una parte esencial (ventana, puerta, escalera, balcón), a falta del cual el edificio estaría incompleto, o cuando está absorbido en la masa de la mampostería; de manera general, un mueble se convierte en inmueble por naturaleza cuando es incorporado a un inmueble por naturaleza, es decir, cuando pierde su individualidad, al no existir ya como objeto separado por integrase en el inmueble por naturaleza.  Por el contrario, cuando, aun unido a un inmueble por naturaleza, conserva su individualidad, y su separación sigue siendo concebible en el sentido de que no le haría perder su utilidad, se convierte en inmueble por destino unido de manera perpetua.

DIFERENCIAS DE REGIMEN ENTRE LOS INMUEBLES POR
NATURALEZA Y LOS INMUEBLES POR DESTINO

Conversión de un mueble en inmueble.  Privilegio del vendedor. Los inmuebles por destino siguen, en principio, el régimen de los inmuebles por naturaleza, y por esa razón han sido asimilados a los inmuebles por los redactores del Código.
La asimilación jurídica no es completa sin embargo; las diferencias de naturaleza que existen entre ambas categorías de cosas imponen diferencias en el plano del derecho.

1° Un mueble se convierte en inmueble por naturaleza desde que se incorpora a un inmueble, sin que haya de buscarse si la incorporación ha sido hecha por el propietario o por un tercero.  Al contrario, un mueble no puede convertirse en inmueble por destino más que si pertenece al propietario del inmueble por naturaleza.
En efecto, el inmueble por destino permanece siendo separable del inmueble por naturaleza, aunque esto fuera al precio de una degradación; conserva su existencia propia, su individualidad; si no se ha convertido en propiedad del propietario del inmueble por naturaleza, es inútil entonces unirlo jurídicamente con ese inmueble.

2° Cuando el vendedor de un mueble no es pagado, conserva un privilegio sobre el mueble, lo cual le permite embargarlo, pedir que se venda y hacerse pago el primero con el precio. Ese privilegio desaparece cuando el mueble (ladrillos, piedras, vigas, tablas) se ha convertido en mueble por naturaleza. Subsiste, por el contrario, cuando el mueble no se ha convertido más que en un inmueble por destino. El vendedor de muebles afectados por el comprador a la explotación de un fundo, por ejemplo, el vendedor de animales de labranza, ejercerá sobre esos muebles su privilegio, aunque sean indispensables para la explotación del fundo. Lo mismo sucederá con los muebles unidos de manera perpetua al fundo.
Esta segunda diferencia es tan justificada como la primera: en tanto que el mueble ha conservado su individualidad, es normal que el vendedor ejerza su privilegio; no existe una razón para privarle de él más que en el inmueble por naturaleza.
Puesto que esas diferencias de régimen se justifican, el legislador no debe suprimir de nuestro código la categoría de los inmuebles por destino al asimilarlos pura llanamente, como algunos lo preconizan, a los inmuebles por naturaleza. Hay que lamentar, pues, las disposiciones del anteproyecto elaborado por la Comisión de reforma del Código Civil: las cosas unidas de manera perpetua a un inmueble por naturaleza son tratadas en él como inmuebles por naturaleza; y las afectadas a una explotación sin vínculo de unión, siguen siendo muebles (cfr. Supra, Lección X, Lecturas).  

DERECHOS INMOBILIARIOS

El artículo 517 del Código Civil dispone: “Los bienes son inmuebles, o por su naturaleza, o por su destino o por el objeto al cual se aplican”.
Los inmuebles por naturaleza o por destino son cosas. 
El artículo 517 no cita, pues, más que una categoría de los derechos inmobiliarios, los inmuebles por el objeto al cual se aplican.

INMUEBLES POR EL OBJETO AL CUAL SE APLICAN.
Los derechos reales inmobiliarios. Los inmuebles por el objeto al cual se aplican son, o bien derechos reales inmobiliarios, o bien derechos personales inmobiliarios.
El artículo 526 del Código Civil cita como inmuebles por el objeto al cual se aplican “el usufructo de las cosas inmobiliarias, las servidumbres o servicios prediales, las acciones que tienden a reivindicar un inmueble”.
Cabe sorprenderse por no encontrar mencionado el derecho real más importante: el derecho de propiedad inmobiliaria. Los redactores del Código Civil confundieron, por seguir a los romanos, el derecho de propiedad con la cosa sobre la cual recae (cfr. Supra, n. 174); se han ocupado, pues, del derecho de propiedad inmobiliaria como de un inmueble por naturaleza o por destino. No por ello deja de ser menos cierto que el derecho de propiedad que recae sobre un inmueble es un derecho real inmobiliario.
Al usufructo se agregarán los derechos reales de uso y habitación y la enfiteusis; es decir, todos los derechos reales principales cuando recaen sobre inmuebles. 
De igual manera son considerados como inmobiliarios los derechos reales accesorios que recaen sobre inmuebles, sobre todo la hipoteca. 
El artículo 526 enumera las acciones judiciales después de los derechos. La acción no es más que la posibilidad de lograr que se reconozca y sancione un derecho ante la justicia. Una acción es un medio, una vía de derecho; y es algo abusivo extender la clasificación a las vías de derecho.  Sin embargo, las reglas de las acciones judiciales que tienden a que se reconozca un derecho inmobiliario son diferentes de las del derecho común, singularmente en lo concerniente a la competencia (cfr. Supra, n. 182); por tanto, resulta normal que se hable, brevitatis causa, de acciones inmobiliarias. La precisión del artículo 526 significa sencillamente que las acciones que tienden, incluso indirectamente, a reivindicar un inmueble, son inmobiliarias; así, la acción por la cual demanda el vendedor no pagado la resolución de la venta de un inmueble se presenta como una acción personal, porque el derecho del vendedor es un derecho de crédito; pero tendrá como consecuencia el retorno del inmueble al patrimonio del vendedor; es, pues, una acción mixta, a la cual creyeron atribuir los caracteres de las acciones inmobiliarias los redactores del Código Civil.

Los derechos personales inmobiliarios. En principio, un derecho personal no es un derecho inmobiliario. En efecto, un derecho personal, un derecho de crédito, tiene por objeto una prestación; es decir, la ejecución de un hecho o de una obtención por el deudor; no tiene, pues, un inmueble por objeto.
Eso es así, incluso en los casos en que la prestación consiste en la entrega de un inmueble al acreedor.  Resulta, en efecto, del artículo 1,138 del Código Civil que el comprador de un cuerpo cierto se convierte inmediatamente en propietario del mismo, desde el acuerdo de voluntades, antes incluso de que el vendedor haya enviado o entregado la cosa al comprador. El vendedor no es, pues, ya deudor de la obligación de transmitir la propiedad; esa transmisión está ya efectuada; se ha producido automáticamente por el contrato.
1° Sin embargo, excepcionalmente, en ciertas ventas, la transmisión de la propiedad se encuentra diferida durante cierto plazo; cabe, por ejemplo, decidir que la transmisión de la propiedad se difiere hasta una fecha.

LOS MUEBLES



Idea general. La situación jurídica es más sencilla para los muebles que para los inmuebles.
1° Por una parte, no existen muebles que correspondan a la categoría de los inmuebles por destino. Los bienes mobiliarios no ejercen sobre los inmuebles la fuerza sobre los muebles;
2° Por otra parte, no existen muebles por simple declaración de voluntad ; no depende del propietario de un inmueble el imprimirle, por voluntad unilateral, el carácter mobiliario.
No quedan, pues, más que dos categorías de muebles posibles: muebles corporales (o muebles por su naturaleza) y muebles incorporales, designados estos últimos por el Código Civil con la denominación mal elegida de muebles por determinación de la ley (art. 527).
Sin embargo, a estas dos categorías esenciales conviene añadir una tercera, conocida con el nombre de muebles por anticipación. 

MUEBLES POR NATURALEZA (MUEBLES CORPORALES)






Hay cosas móviles por su naturaleza y que por otra parte, no han sido inmovilizadas por destino. El art. 528 distingue lógicamente dos especies de estos bienes, según que puedan transportarse por sí mismos de un lugar a otro (animales), o que sean susceptibles de ser desplazados por efecto de una fuerza extraña (muebles inanimados, tales como libros, cuadros, materiales de construcción, mesas, joyas, ropa, etc.). En esta segunda categoría figura el montaje del art. 534, es decir los muebles que están destinados al “uso y adorno de las habitaciones”: tapicerías, camas, sillones, espejos, relojes de pared.
La categoría de los muebles corporales se ha enriquecido con elementos nuevos y cada vez más numerosos. Algunos de ellos presentan un gran valor, como los navíos, embarcaciones de río, aeronaves, joyas, cuadros.

MUEBLES INCORPORALES (llamados inexactamente por determinación de la ley).
Generalidades. Hay derechos a los cuales podría aplicarse el calificativo de muebles por el objeto a que se aplican; son derechos mobiliarios porque recaen sobre muebles, como el usufructo de un mueble o la hipoteca establecida sobre un bien mobiliario, o también un crédito de cantidad de dinero.
El artículo 529 quiso precisar más; pero lo hizo en términos mediocres que se aplican, por otra parte, por razón de la fecha en que se redactó. Desde entonces muchas instituciones han sido ampliadas y han tomado inmenso vuelo, siendo así que hace más un siglo, no existían o apenas existían. 
Trataremos sucesivamente de los derechos reales y de los derechos de crédito.
Derechos reales. Son muchos incorporales los derechos reales que recaen sobre los muebles: usufructo (art. 526, arg. a contrario), hipoteca establecida sobre un navío, un barco de río, una aeronave, o un fundo de comercio; el derecho de prenda, el cual no puede recaer más que sobre bienes mobiliarios.
En cuanto al derecho de propiedad, parece que convendría excluirlo de esta enumeración, pues confundiéndose con su objeto, se clasifica entre los bienes corporales, y, por consiguiente, entre los muebles corporales si recae sobre un mueble.



Propiedades incorporales.  Sin embargo, esta inducción no es exacta para todas las propiedades; lo es para las propiedades llamadas corporales, no lo es para las propiedades incorporales, que, por la razón misma de que confieren a sus titulares prerrogativas menos intensas y menos extensas, se destacan de su objeto, escapan a la ley tradicional de la materialización y constituyen, por consiguiente, como lo indica su nombre, muebles incorporales. Tal es el caso de los oficios ministeriales, derechos de autor y de inventor (propiedad literaria, artística, industrial) y los fondos de comercio (ver ns. 515 y sigtes.).








Derechos de crédito. Son mobiliarios desde el momento que su objeto en sí mismo presenta ese carácter: los créditos de sumas de dinero son el prototipo de esta categoría (art. 529); es preciso citar también las obligaciones de hacer o de no hacer.
Pero no son solamente los créditos ordinarios los enumerados por el artículo 529, son también dos variedades de una gran complejidad: las “acciones o intereses en las compañías de finanzas, de comercio o de industria”, y “ las rentas perpetuas o vitalicias, bien del Estado, bien de los particulares”.

20.10.13

 La Causa de la Responsabilidad Civil

Tomado de: Subero Isa (2010, p. 512-514)

LA CAUSA DE LA DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVI
CONCEPTO:
   El Dr. Juan Manuel Pellerano Gómez, en su ya mencionado artículo titulado La Causa de la Demanda en Responsabilidad Civil dice que La noción de causa de la demanda es una de las más importantes del derecho procesal en razón de que incide en todas las fases del proceso. Se le encuentra cuando se trata de establecer la recibilidad del procedimiento, como sucede en la competencia de atribución en sentido general, lo mismo que cuando se solicita la declinatoria de litispendencia o conexidad, o se plantea la cuestión prejudicial sintetizada en la máxima “Lo penal mantiene lo civil en estado” o cuando se invoca la inadmisibilidad que surge de la aplicación de la regla “una vía electa”. También se presenta el problema de la causa en algunos aspectos del derecho de la acción en justicia, es así cuando se quiere tipificar algún procedimiento constituye una demanda nueva por su causa, o establecer el ámbito de la autoridad de la cosa juzgada. Bien puede referirse al fondo mismo del proceso en cuanto se trata de la incidencia sobre su inmutabilidad”.

   Nosotros ya hemos apuntado que para la tradicional jurisprudencia francesa, la causa de la demanda en responsabilidad civil es el texto legal que invoca el demandado. De ahí que una demanda fundada en la responsabilidad por el hecho de otro (Art. 1384 del Código civil) no tiene la misma causa que una demanda fundada sobre los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, o basada en el art. 1385 o en el art. 1386 del mismo Código, y que la sentencia que se obtenga no tendrá autoridad de cosa juzgada sobre la demanda fundamental en otro texto legal. De lo anterior resulta que si el prevenido es descargado por la jurisdicción penal y es demandado en lo civil por el art. 1384, párr.1ro. del Código Civil, la sentencia de descargo no se impondrá al juez de lo civil.

   En cuanto a la jurisprudencia dominicana, tal como lo señala el Dr. Juan Manuel Pellerano Gómez, todas las acciones surgen como consecuencia como hecho generador a la infracción misma, sin que haya lugar a distinguir entre la acción que se fundamenta en la responsabilidad del hecho personal y las que se basan en la responsabilidad del hecho de otro o la derivada del hecho de las cosas, y sin que tampoco se tenga que establecer diferencia alguna en cuanto a la naturaleza del daño cuya reparación se reclama. En otras palabras, la acción de la víctima en reparación del perjuicio sufrido tiene siempre una sola y misma causa, cual que sea la naturaleza de la responsabilidad sobre la cual ella es fundamentada.

   De lo anterior se derivan consecuencias de incuestionable importancia práctica.

a)    Cuando la acción civil nace de una infracción a la ley penal y se demanda por ante la jurisdicción civil al guardián de la cosa inanimada ésta jurisdicción está obligada a sobreseer el conocimiento de la acción civil hasta tanto la jurisdicción represiva falle definitivamente el aspecto penal.

b)    Lo decidido por la jurisdicción represiva se va a imponer al juez de lo civil aun cuando este juez se encuentre apoderado de una demanda fundamentada en la responsabilidad del guardián de la cosa inanimada.

c)    El juez puede fundamentar su sentencia en una disposición legal que no sea la invocada por las partes en el proceso, sin que con ello falle extra petita, lo cual está prohibido por el art. 480 del Código de Procedimiento Civil.

d)    La autoridad de la cosa juzgada, consagrada por el art. 1351 del Código civil impide a la víctima renovar su demanda, sin importar cual sea el texto nuevo que ella invoque.

 

 

2.9.13


ALGUNAS JURISPRUDENCIAS ACERCA DEL SALARIO
Tomado de Julio Aníbal Suarez (2009) JURISPRUDENCIA  DEL TRABAJO: 2001-2008.

1. Salarios, Dietas, rentas, comisiones y otros valores recibidos permanente e invariablemente por trabajadores, son salarios. Ha sido criterio de esta corte, que las sumas de dineros que por concepto de dietas, rentas, comisiones y otros que son recibidas permanente e invariablemente por un trabajador como consecuencia de la prestación ordinaria de sus servicios personales, constituyen parte integral del salario ordinario computable a los fines de determinar el monto del auxilio de cesantía y otros derechos, sea cual fuere la denominación con que se distinga. En la especie el Tribunal a-quo dio por establecido que los montos que recibían las demandantes por concepto de gasolina y lavandería, eran montos permanentes e invariables, al margen del consumo que por esos renglones hicieran, lo que le da la calidad de salarios ordinarios, que como tales debían ser tomados en cuenta en el momento de computarse el salario navideño, la participación en los beneficios, las variaciones y otros derechos de dichas trabajadoras, como lo hizo la Corte a-qua. Sent. 26 de mayo 2004, B. J. 1122. Págs. 845-855.

2. Salarios. El alojamiento y alimentos que reciben trabajadores de hoteles, no constituyen parte del salario ordinario. Si bien es cierto de esta corte que los valores que reciban los trabajadores, de manera fija y permanente para ser utilizado en su alimentación y alojamiento es recibida en especie, por las características y naturaleza de la industria hotelera que vende esos servicios y como tal los proporciona a los trabajadores como condición necesaria para la prestación del servicio. (Hotel Sol del Plata Vs. Doris Margarita Luis Egalité). Sent. 25 de junio del 2008.

3. Salarios. El delito de falta de pago del salario instituido por el artículo 211 del Código de Trabajo, debe ser conocido por la jurisdicción penal y es ante esa jurisdicción que el empleador debe demostrar que cumplió con su obligación.  De acuerdo al artículo 211 del Código de Trabajo, constituye un delito penal, el hecho de contratar trabajadores y no pagar la remuneración que le corresponda, en la fecha estipulada o a la terminación de la obra o servicio convenidos. Para que una acción de esa naturaleza sea acogida es necesario que se establezca la existencia de un contrato del trabajo, la prestación de servicio cuyo pago se reclama, y la circunstancia de que el empleador no pagare la remuneración reclamada, en la fecha que fue pactada para ello, o en la terminación del servicio o de la obra convenida, lo que a su vez constituye el fraude que hace apacible las sanciones establecidas por el artículo 401 del Código Penal. Es ante la jurisdicción penal apoderada de una querella por violación por violación al referido artículo 211 del Código de Trabajo, que la persona encausada tiene que invocar los medios de defensa que considere pertinentes y aportar las pruebas que fueren necesarias para librarse de la acusación que se le formula, sin necesidad de recurrir ante la jurisdicción laboral para demostrar que no adeuda la suma reclamada. En la especie, la recurrente, si se pretendía no ser deudora delos salarios reclamados por el recurrido por ante la jurisdicción penal, debió utilizar esa jurisdicción para solicitar que se le declarara “como no responsable del pago de los valores cuyo pago exigía el trabajador y los demás pedimentos que formuló en su demanda por ante los tribunales de trabajo, habida cuenta de que los mismos constituían medios de defensa en relación con la acción penal, puesta en marcha por la reclamación hecha por dicho trabajador. En vista de eso, tal como lo indica la sentencia impugnada, la recurrente carecía de un interés legítimo para iniciar su acción ante el tribunal de trabajo, por tener esa oportunidad en forma más directa, por ante el tribunal penal, que ya estaba apoderada de una acción derivada de la existencia del contrato de trabajo y la prestación del servicio, hechos alegados por el actual recurrido y quién era el que tenía que decidir sobre las pretensiones de la empresa, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. Sentencia 26 de marzo 2003, B. J. núm. 1108, Págs. 843-849.

4. Compensación a favor de créditos otorgados por el empleador se basa en principio de buena fe. La permisibilidad de la compensación de los créditos arriba indicados de los valores que corresponden al trabajador por concepto de salarios, principalmente cuando son extraordinarios y serían recibidos después de la terminación del contrato de trabajo, está basado en el principio de la buena fe que fundamenta las relaciones entre trabajadores y empleadores y en el hecho de que su eliminación crearía perjuicio a los propios trabajadores, quienes por no ser económicamente sujetos de créditos comerciales se ven compelidos a recurrir a sus empleadores para la solución de los problemas de carácter económico que se le presentan durante la existencia del contrato de trabajo, los cuales negarían su colaboración en ese sentido si no se le permitiera el recobro de las sumas invertidas, ya fuere como anticipos de salarios o pagos de obligaciones contraídas por el trabajador a través del descuento o compensación de las sumas que él a su vez adeude a éste. (B. J. núm. 1169, Págs. 820-835). Sent. del 23 de abril de 2008.

 

 

1.4.13

CONSTITUCION EN MORA



LA CONSTITUCION EN MORA

1. El artículo 1.146 del Código Civil introduce una excepción al principio según el cual el derecho a la reparación se origina desde el instante de la realización del daño. Este artículo dispone que “los daños y perjuicios no son debidos más que cuando el deudor está en mora de cumplir con su obligación”

La palabra “mora o “demora” proviene del latín y significa tardanza o retraso. Constituir en mora significa hacer una interpelación (intimación), dirigida por el acreedor al deudor, mediante la cual se le requiere a éste último, cumplir con la obligación. Esta intimación acredita oficialmente la tardanza del deudor. Cuando la constitución es necesaria, el deudor tiene derecho a esperarla para cumplir con su obligación; hasta que se le haya constituido en mora, el deudor no está en retraso.

2. Formas de poner en mora al deudor:

Según los términos del artículo 1.139 del Código Civil, la constitución en mora se efectúa por un acto de alguacil: “un requerimiento u otro acto equivalente”. Ese requerimiento puede ser por ejemplo, una citación. Pero, en materia mercantil, es suficiente con una carta certificada.

Por sí sola, la simple llegada del vencimiento no es suficiente para que haya mora o atraso por parte del deudor, por lo tanto, para que éste se encuentre en mora es necesario un acto, un requerimiento. Así era ya en Roma. Se decía que “dies non interpellat pro homine”(el día no interpela por el hombre). La simple llegada del término no constituye en mora al deudor, o sea, la simple llegada del plazo o vencimiento de la obligación no significa que el deudor esté en falta o retraso. El antiguo derecho francés, en los siglos XVI y XVII, había admitido la regla contraria: “dies interpellat pro homine”: cuando se había fijado un término, su llegada constituía, de pleno derecho en mora al deudor. Pero, a partir del siglo XVIII, la regla romana se impuso en Francia; se encuentra establecida en el artículo 1.139 del Código Civil. Según éste, la llegada del plazo establecido por las partes en el contrato, no pone en mora al deudor, salvo que se diga expresamente lo contrario. Esto significa, que si bien, la simple estipulación de un término, no produce, por sí sola, la mora, las partes pueden convenir válidamente que será de otro modo. “El deudor se constituye en mora... por el efecto de la convención, cuando ésta incluye que, sin necesidad de acto y por el vencimiento del término tan sólo, el deudor estará en mora” (art. 1.139 del Cód. Civ.).

Un deudor se pone o constituye en mora de cuatro formas:

a) Por una cláusula del contrato en la cual se diga que el deudor queda constituido en mora con la llega del plazo convenido.

b) Por una intimación hecha mediante un acto de alguacil en la cual se le requiera al deudor cumplir con la obligación o deuda.

c) Con un acto de citación o demanda en justicia.

d) Por un mandamiento de pago tendiente a embargo

d) Por un embargo.

3. Ámbito. El artículo 1.146 que hace necesaria la constitución en mora para que el deudor se encuentre en retraso, está inserto en el título de los contratos. La jurisprudencia concluye de ello, con razón, que el acreedor de una obligación extracontractual no está sujeto a constituir en mora al deudor de la obligación de reparar. Así pues, la víctima de un delito o de un cuasidelito tiene derecho, sin constitución en mora y desde la realización del daño, a la reparación del perjuicio que le haya causado el responsable al no cumplir inmediatamente con su obligación; desde el instante en que se haya producido el daño, el responsable está en mora.

4. Casos en los cuales no es necesario la constitución para reclamar daños y perjuicios en el ámbito de la responsabilidad civil contractual:

1° En los casos de obligaciones de no hacer (art. 1.145). En efecto, cuando el deudor haya infringido una obligación de no hacer, ha realizado el acto que le estaba prohibido; ¿de qué serviría en lo sucesivo requerirle para que se abstuviera? El mal está hecho.

2° Si se trata de obligaciones de dar o de hacer que no pueden ser cumplidas ya porque debieron cumplirse en un momento que el deudor ha dejado pasar (art. 1.146). Como la obligación no puede cumplirse ya en lo sucesivo, tampoco sirve para nada en este supuesto requerir al deudor para que la cumpla.

3° Cuando son obligaciones continuas, o sea, aquellas que necesitan, para su cumplimiento, una acción continua, como la obligación que pesa sobre el propietario de un inmueble alquilado, de conservar ese inmueble o el ascensor; exigir una constitución en mora sería compeler al acreedor, en este caso, al inquilino, a notificar sin interrupción al deudor la existencia de la obligación; se precisaría una constitución en mora renovada continuamente, lo cual es inconcebible.

4° En las obligaciones delictuales y cuasidelictuales, tampoco es necesario poner en mora al deudor para exigir los daños y perjuicios como se ha dicho.

Para todas las demás obligaciones contractuales, el deudor no está en retraso más que si ha sido constituido en mora por el acreedor.

5. Efectos de la constitución en mora

La constitución en mora produce los efectos siguientes:

1° Hace obligatoria la obligación de reparar el daño por parte del autor del mismo. Antes de la constitución no debe nada por los daños y perjuicios moratorios, por el perjuicio que haya podido causarle a la víctima, hasta la constitución en mora. (Art.1146 del Código Civil)

2° La constitución en mora establece oficialmente la demora (la tardanza) en el cumplimiento de la obligación.

3° El deudor de una suma de dinero sólo debe los intereses moratorios o intereses legales (daños y perjuicios) a partir de la puesta en mora, la cual se realiza con la acción en cobro de la suma adeuda (Art.1153 del Código Civil).

4° Otro efecto que surte la constitución en mora es que la pérdida de la cosa, sobrevenida por un caso de fuerza mayor, y con posterioridad a la constitución en mora, no libera, por lo tanto, de la entrega al deudor. Se dice que el deudor de la entrega de un cuerpo cierto (de una cosa determinada como por ejemplo un vehículo) corre con los riesgos (soporta los daños y las pérdidas) de la cosa a entregar, desde el momento mismo de la constitución en mora. Esta regla aparece en el Código Civil en sus artículos 1.138-2°, 1.245 y 1.302.

30.3.13

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

Según el Profesor Herbert Carvajal Oviedo (2009.12), hoy, después de la consolidación jurídica y legislativa del Estado, en todo el mundo se reconoce la responsabilidad civil del Estado por los daños y perjuicios que cauce a los administrados o particulares con motivo de su actividad  lícita, ilícita, material o de hecho, o por su actuación formal, reglamentaría o contractual. El profesor Herbert en su interesante y bien documentado libro, JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, afirma que en sus inicios la responsabilidad patrimonial de la Administración fue negada bajo el argumento de que el Estado era irresponsable en vista de su superioridad y la especificidad de sus objetivos fundados en el interés general. Refiere Herbert que se consideraba que los daños eventuales causados a los particulares debían ser vistos como "riesgos a subir" y que Jorge Teisser fue quien formuló la tesis de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, basándose en el artículo 13 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, según el cual, las cargas públicas impuestas a los ciudadanos no pueden afectar a unos más que a otros y que los daños excepcionales causados por la Administración deben ser indemnizados por las contribuciones de la colectividad.

En la República Dominicana, a partir del 26 de enero del 2010, se reconoce la Responsabilidad Patrimonial del Estado, de sus organismos y de sus funcionarios. El artículo 148 de la nueva Constitución de la República dispone que Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.

Mientras se dicte una ley que regule la responsabilidad civil de las entidades públicas y sus funcionarios o agentes, esta responsabilidad queda sujeta al derecho común: Art.1382-1385 del Código Civil, en lo que concierne a la responsabilidad civil delictual y cuasidelictual, y artículos 1146-1155 del mismo Código, en lo que concierne a la responsabilidad civil contractual.

Los elementos constitutivos de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, son los siguientes: (Herbert, ob. cit.)
1° Una actividad administrativa que se manifieste como un hecho generador.
2° Un daño o deterioro o disminución del patrimonio o bienes de otro.
3°El nexo causal, que permite vincular el daño con la conducta del sujeto causante.

El Tribunal competente para conocer de la acción en responsabilidad civil contra las personas jurídicas de derecho público, lo es, el Tribunal Contencioso Administrativo, Tributario y de lo Monetario y Financiero de Primera Instancia.
























20.2.12

Aplicación de la ley en el tiempo

Autor: Dr. Rafael Luciano Pichardo (Ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia)

Fuente: LISTIN DIARIO. EDICION 34,032 DE FECHA 16 FEBRERO DEL 2012, PAGINA 10A

Al referirse a los efectos del paso del tiempo en el mundo del derecho, lo que siempre ha sido parte de las preocupaciones del jurista, Michelle Gobert, profesor de derecho, economía y ciencias sociales de la Universidad de París, sobre el particular: “El tiempo que pasa es portador de conflictos, conflictos de generaciones, conflictos de leyes, de los menos jóvenes, de lo antiguo y de los más jóvenes, de lo antiguo y de lo nuevo.
Que las apuestas del debate son siempre las mismas, pero que es diferente para el jurista que debe determinar con precisión a cuál hecho o acto se aplicará la ley nueva. Que no obstante, la solución del problema se encuentra en el artículo 2 del Código Civil, que da la medida de lo que está en juego”.
En una reciente ceremonia que tuvo lugar en el despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia, éste hizo entrega al presidente del Tribunal Constitucional de 285 expedientes relacionados con recursos de inconstitucionalidad pendientes de fallo, entre los cuales, según la información servida por la prensa, se contaba una cantidad no determinada de asuntos vinculados con acciones de amparo sin precisarse si estas últimas habían sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad o de casación.
Como se trata de dos recursos que difieren tanto en el procedimiento que los rige como en la finalidad que persiguen, resulta de interés definir el tratamiento procesal que ha de darse, llegado el caso, a los recursos de casación que en materia de amparo se encontraba apoderada la Suprema Corte de Justicia al entrar en vigor la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. Sobre los recursos de inconstitucionalidad nada hay que agregar: pues estos son de la competencia exclusiva del TC desde que éste fue integrado, al tenor de la Tercera Disposición Transitoria de la Constitución 2010, como ha ocurrido.
El tema se relaciona con la teoría jurisprudencial de los conflictos de la ley en el tiempo, sobre el cual la revista Gaceta Judicial, edición junio de 1997, recogió en sus páginas un artículo de mi autoría en el cual abordo el intríngulis, sin pretensión de solución de continuidad, de la apasionante cuestión jurídica. La publicación se produjo poco antes de acceder a la presidencia de la Cámara (hoy Sala) Civil y Comercial de la suprema Corte de Justicia en agosto del mismo año. Su reproducción se justifica, a manera de introito, de la situación que recreo más adelante. Su texto es el siguiente:
“Según la regla del artículo 1 del Código civil, las leyes se reputan conocidas en el Distrito Nacional al día siguiente de su publicación, y el segundo día en el resto del Territorio Nacional. Resulta por ello de interés, por los conflictos que muchas veces se promueven, el estudio de la ley nueva y de la ley abrogada, en cuanto a su aplicación en el tiempo.
Conectado con la norma anterior se desenvuelve el principio, consagrado tanto en la Constitución (artículo 47) como en el mismo Código civil (artículo 2), según el cual la ley no dispone sino para el provenir porque no tiene efecto retroactivo.
En la primera de esas reglas se señala, como para no dejar duda de la fuerza de la norma sobre la irretroactividad de la ley, que “en ningún caso de ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”
La determinación del alcance de estas reglas es cuestión que no ha dejado de preocupar a los juristas desde los tiempos más remotos, por la importancia extraordinaria que tiene en el orden público. Algunos han propuesto para la solución del problema, lo que ha sido denominado la posición clásica, hacer la distinción entre derechos adquiridos y las simples expectativas, para saber cuándo la ley debe ser aplicada y cuándo no.
Si se trata de los primeros, éstos se seguirán rigiendo por la ley derogada bajo la cual nacieron, y si es de las segundas, es decir, de las simples expectativas, se les aplicará la ley nueva.
Los autores definen el derecho adquirido como aquel que ha entradlo definitivamente en un patrimonio o una situación jurídica creada definitivamente; mientras que al no hacer lo mismo respecto de la expectativa expresan que no es más que una esperanza, una probabilidad no realizada aún.
Como ejemplo se señala el caso del heredero al abrirse la sucesión de la cual es parte, en cuanto al derecho adquirido; y el de los cónyuges divorciados, desde el pronunciamiento y la sentencia de divorcio es transcrita en el registro civil, en cuanto a la situación jurídica adquirida.
Un derecho adquirido debe ser protegido desde que la persona está definitivamente investida del mismo, incluso frente a una ley nueva que lo haya modificado o suprimido, así como también el que disfruta de una situación jurídica originada en un contrato, en tanto que una simple expectativa, como la que tiene un legatario cuyo testador no ha fallecido, si puede ser dejada sin efecto y eliminada o modificada por nuevas disposiciones.
Por lo tanto, una ley que afectara un derecho adquirido sería retroactiva, como la que modificara el orden sucesorio de una sucesión abierta, lo que no sucedería cuando no ha fallecido todavía el causante, pues sus presuntos herederos sólo cuentas con la posibilidad de sucederle, es decir, poseen únicamente una simple expectativa sujeta a las contingencias y cambios de legislación. El hijo natural reconocido cuyo padre había muerto, por ejemplo, al momento de entrar en vigor la Ley 14-94, del 22 de abril del 1994, sobre Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo artículo 14 iguala en el orden sucesorio a éste con el hijo legítimo, no puede invocar ser titular de un derecho adquirido, pues la posibilidad de que esta igualdad se produjera, no era más que una expectativa que se hizo realidad ya estando abierta su sucesión. Por eso esa ley no le aprovecha.
La jurisprudencia francesa, no obstante, ha elaborado, con el fin de extender el radio de acción de la ley nueva, la que siempre se considera mejor y más justa, una interesante interpretación mediante la cual hace la distinción siguiente: “La ley nueva puede alterar los efectos futuros de situaciones jurídicas no contractuales nacidas al amparo de la ley antigua, sin ser retroactiva, es el caso de una ley que suprimiera el divorcio, por ejemplo”.
El divorcio no sería admitido si el matrimonio se produjo antes de la entrada en vigor de la ley que elimina esa prerrogativa pues se sostiene como fundamento que los efectos futuros de ciertas situaciones jurídicas como la citada, son determinados exclusivamente por la ley, y no por la voluntad de las personas, lo que permite al legislador modificarlos en cualquier momento.
A lo anterior se opone el caso de los efectos de los contratos intervenidos en fecha anterior a la promulgación de la ley nueva. Esta no los alcanza y siguen gobernados por la legislación bajo la cual fueron pactados. Es el principio de la seguridad de los contratantes, la protección de las convenciones, lo que se ha hecho preciso rodear de las mayores garantías y en lo que, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han encontrado la mejor expresión de lo que se ha dado en llamar derechos adquiridos, que no son otros que aquellos que resultan de los contratos.
Sobre el principio de la irretroactividad de la ley, la jurisprudencia del país de origen de nuestros Códigos, ha sentado un criterio que por la firmeza, claridad y precisión, se ha hecho constante en tan controvertida materia al juzgar que: “Si a los términos del artículo 2 del Código Civil, la ley no dispone sino para el futuro, toda nueva ley, sin embargo, en tanto que no atente contra los derechos adquiridos, puede modificar los efectos futuros de los hechos, actos o situaciones que les son anteriores, sin que esta aplicación inmediata le imprima el carácter de retroactividad (D. 1943 J. 85, Nota Carbonnier)…” . Fin de la transcripción.
Sobre la actualidad e interés de este trascendente debate podría decirse que ha adquirido carácter de permanencia por los conflictos que aún suscitan las reglas a las que deben sujetarse quienes aplican las normas jurídicas y las diversas teorías surgidas a su alrededor con aspiración de resolver el problema que plantea, entre estas últimas, la de los derechos adquiridos, la de los hechos cumplidos, la de las situaciones jurídicas y la de algunos autores en particular. De ahí que la discusión revista el atractivo que despierta entre juristas, dado que la solución del enigma jurídico se encuadra necesariamente, en último análisis, en los criterios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han ido fijando alrededor de la materia que motiva estos comentarios.
La situación pues que origina las reflexiones anteriores es la siguiente. En el pleno de la Suprema Corte de Justicia, poco antes de la sustitución de la mayoría de sus integrantes, incluido el que esto escribe, fue sometida a deliberación, la que quedó sin decisión debido a esa causa, la cuestión de saber: ¿qué hacer con los recursos de casación contra sentencias de amparo, que fueron intentados durante la vigencia de la Ley 437-06 que estableció dicho recurso o acción de lo cuales se encuentran apoderadas las distintas Salas de la Suprema Corte de Justicia, al quedar esta ley derogada de manera expresa por la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, así como a que órgano corresponde fallar los recursos de casación intentados con posterioridad a la entrada en vigor de esta última ley?
Dos posiciones se promovieron en torno a la cuestión planteada. La primera a favor de que las distintas Salas de la Suprema retengan y fallen los recursos introducidos antes de la entrada en vigor de la Ley núm. 137-11, y se declaren inadmisibles los entrados con posterioridad. Y la segunda, en la cual me inscribo, que sustenta la tesis opuesta, la que, en síntesis, desarrollo en los párrafos que siguen.
Tanto la Constitución (art.110) como la ley (art.2 Código Civil) consagran el principio de la no retroactividad de la ley al disponer como antes se dice: “La ley no dispone sino para el provenir, no tiene efecto retroactivo”.
Esta disposición crea a la vez, el principio del efecto inmediato y el de la no retroactividad que se desprende necesariamente de dicho texto. Estos principios no se oponen entre sí, sino que son complementarios. Sin embargo, conviene precisar cómo operan ambos cuando se trata de la aplicación de la ley nueva a las instancias en curso.
Para ello debe tenerse presente la distinción según se trate de leyes de forma (A) o leyes de fondo (B).
A) A propósito de las leyes de forma, la jurisprudencia francesa y la doctrina afirman “que las leyes nuevas relativas al procedimiento y a las vías de ejecución son inmediatamente aplicables a las instancias en curso, porque es la actividad del juez que está en causa, lo que ocurre igualmente respecto de las leyes relativas a la competencia, y su aplicación inmediata no debe significar su retroactividad”.
B) Con respecto a las leyes de fondo la jurisprudencia hace una distinción fundada sobre la naturaleza de la instancia. Si ella es declarativa de derecho, la ley nueva no puede aplicarse sin retroactividad. Así sólo la ley en vigor el día del accidente o de la muerte del causante, por ejemplo, es aplicable. En cambio, si la instancia es constitutiva, la ley nueva se aplica inmediatamente a las instancias en curso. Así, una ley relativa al divorcio es aplicada a las instancias en curso. Señala Roubier, considerado primer tratadista de la materia, que es la fase de evaluación de la situación jurídica la que permite decir cual es el principio que debe aplicarse. Si la situación está constituida, es el principio de la no retroactividad que debe ser puesto en ejecución. Si la situación está en curso de constitución o de extinción, el principio del efecto inmediato implica la aplicación de la ley nueva.
El mismo autor aprueba también esta distinción y la explica en función del rol del juez en la instancia. La instancia declarativa, señala, es aquella donde el juez se limita a investigar el estado de derecho anterior. Al contrario, en la instancia constitutiva, el rol del juez es más activo, puesto que él organiza y crea un estado de derecho nuevo. Hasta la sentencia, la situación está en curso de constitución, la sentencia es en sí misma uno de los elementos de esta constitución.
En nuestro caso tanto la Ley sobre Procedimiento de Casación 3726 de 1953, modificada, como la derogada 437-06, sobre la Acción de Amparo y la núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, envueltas en el estudio, son leyes eminentemente de procedimiento, por lo que en orden a las disposiciones combinadas de los artículos 115 y 94 de la Ley núm. 137-11, de 13 de junio de 2011, el primero que derogó expresamente la Ley de Amparo 137-06; y el segundo, que dispuso que todas las sentencias emitidas por el juez de Amparo pueden ser recurridas en revisión ante el Tribunal Constitucional, así como que ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, resulta forzoso admitir que los recursos de casación que fueron interpuestos antes de la vigencia de la Ley 437-06 que preveía este recurso, de los que se encuentran apoderadas la distintas Salas de la SCJ, no pueden ser fallados por éstas (las Salas) en atención a que, por efecto del artículo 94 de la citada Ley 137-11, las sentencias de amparo sólo pueden ser recurridas en revisión ante el Tribunal Constitucional y en tercería y no por la vía de la casación, pues ésta ha sido suprimida en materia de amparo; que como la ley que esto ha ordenado es una ley de procedimiento y, por tanto, de aplicación inmediata, como se ha explicado (en este sentido: Cámara de Tierras, Laboral y Administrativa de la SCJ, 28 de enero 2009, B. J. 1178 pág. 876/884; SCJ como TC, 13 agosto 2008, BJ. 1173 pág. 9/18) las Salas de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, deben declarar su incompetencia no sólo para conocer los recursos de casación de que fueron apoderadas durante la vigencia de la derogada Ley núm. 437-06, sino también de aquellos intentados después de la entrada en vigor de la Ley núm. 137-11, en ambos casos pendientes de fallo.
Tampoco procedería declarar inadmisibles estos últimos recursos pues esto implicaría reconocerle implícitamente, un poder que le fue enajenado a la Suprema Corte de Justicia como corte de Casación, para estatuir en relación a los mismos cuando, sólo ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de revisión o de tercería, pueden ser recurridas las sentencias de amparo, procediendo en consecuencia que las Salas se desapoderen de los expedientes a fin de que los interesados, si así lo estiman, reintroduzcan su acción por ante el Tribunal Constitucional o el Ordinario mediante el procedimiento de la revisión o de la tercería, según sea el caso, quedando sólo por resolver la cuestión de los plazos en que según la ley los recurrentes deben proceder, para lo cual ha de ponderarse la situación especial originada con el cambio de legislación.



6.2.12

El plazo de gracia concedido al deudor


Autor: Dr. Mariano Germán .

La ausencia de un título ejecutorio es en la práctica el principal obstáculo para que el acreedor pueda realizar la ejecución contra su deudor, sin embargo, la situación se interviene cuando el acreedor, teniendo un título ejecutorio, se ve imposibilitado de embargar los bienes de su deudor. Esta última situación es la que ciertamente ocurre cuando el deudor ha sido beneficiado con un plazo de gracia otorgado, por la misma sentencia que estatuye en cuanto al crédito (Art. 123 de la Ley Nº 834 del 15 de julio de 1978); o por el juez de la ejecución o el juez de los referimientos, si se tratara de una ejecución llevada a cabo en base a un título ejecutorio diferente a la sentencia.

El plazo de gracia se convierte, pues, en un obstáculo a las medidas de ejecución, en cuanto impide que ellas puedan ser trabadas, o bien impide que ellas puedan ser continuadas cuando luego de iniciadas el tribunal competente lo otorga. Sin embargo, los efectos que él produce no son absolutos, ya que no constituye obstáculo a las medidas conservatorias (Art. 126 de la Ley Nº 834 del 15 de julio de 1978), aunque sí a las ejecutorias.

Haremos, pues, el análisis de este tema tomando en cuenta en consideración la naturaleza ejecutoria o conservatoria de los embargos, según se desprende para el caso objeto de este capítulo de los Artículos 1244 y 2212 del Código Civil y de los Artículos 123 a 126 de la Ley Nº 834 del 15 de julio de 1978.

En la interpretación de las normas que lo rigen deberá tomarse en cuenta que:
a) El oficio del juez es el de definir las obligaciones legales o convencionales que están a cargo de las partes, de constreñirlas a respetarlas, de obligarlas a cumplir sus palabras, pero nunca desligarlas, en razón de que el legislador se reserva para sí la facultad de modificar las obligaciones de las partes o de invitar al juez a hacerlo, ya que sería extremadamente peligroso dejar el contrato a la discreción del juez, el que interviniendo en la ejecución de la convención con su sentimiento personal de la equidad o del interés general podría arruinar el contrato y poner en peligro la economía entera, destruyendo de esta manera la seguridad en las relaciones contractuales. De igual manera la protección del deudor, del acreedor o del interés general no justifican la intervención del juez sino en los dominios donde el legislador de manera excepcional los ha previsto (Henri, León et Jean Mazeaud, Lecons de Droit Civil, tome deuxieme, éditions Monchrestien, París, 1962, P. 624).

b) Uno de los casos excepcionales en que el legislador da al juez el poder de intervenir en la esfera de lo acordado por las partes, está previsto que en el Artículo 1244 del Código civil, según el cual El deudor no puede obligar al acreedor a recibir en parte el pago de una deuda, aunque sea divisible. Los jueces pueden, sin embargo, en consideración a la posición del deudor, y usando de este poder con mucha discreción, acordar plazos moderados para el pago, y sobreseer en las ejecuciones de apremio, quedando todo en el mismo estado”.

Por lo que siendo el plazo de gracia el diferimiento temporal de la fecha del cumplimiento de la obligación por parte del juez y en violación a lo acordado por las partes, los tribunales deben usarlo con gran discreción y cautela; sin excesos y con sujeción a las restricciones que la propia ley establece, ya que tratándose de una facultad excepcional concedida al juez no hay oportunidad a hacer de ella una interpretación extensiva (Cas. 18 de junio de 1924, B. J.

Examinamos a continuación: el tribunal competente para otorgar el plazo de gracia (A); condiciones a qué está sometido su otorgamiento (B); efectos del plazo de gracia (C).

A) Tribunal competente para otorgar el plazo de gracia. El plazo de gracia es una medida de carácter judicial, por lo que se requiere siempre la intervención de un tribunal para que lo otorgue y establezca las condiciones bajo las cuales se regirá.

¿Cuál es el tribunal competente para otorgarlo?

Territorialmente, el tribunal competente es el del domicilio del demandado, que no es otro, en principio, que el del domicilio del acreedor (Art. 59 del C. de Proc. Civ.), cuando la solicitud es introducida por acción principal (Cas. 22 de diciembre de 1938, B. J. 341, P. 935, 936). Compete, por el contrario, al tribunal del domicilio del deudor demandado cuando él ha sido solicitado de manera incidental, en el curso de una demanda principal llevada contra éste.

Resulta diferente y corresponderá, por tanto, conocer de tal solicitud a otro tribunal, cuando para la ejecución de las obligaciones las partes han hecho elección de domicilio por ante una jurisdicción diferente a la que le corresponde o cuando el proceso en el cual se inyecta la solicitud está siendo conocida por una jurisdicción distinta a las señaladas.

En razón de la materia, y según las circunstancias, la solicitud del plazo de gracia corresponde a cuatro tribunales diferentes:

a) al Juzgado de Primera Instancia, en atribuciones civiles, cuando la solicitud es llevada por vía principal, por tratarse de una acción no atribuida de manera expresa a ningún otro tribunal (Art. 45 de la Ley Nº 821 de noviembre de 1927);

b) al tribunal apoderado de la acción principal, cuando la solicitud es hecha de manera incidental. Así resulta, principalmente, cuando se aplica el Artículo 123 de la Ley Nº 834 del 15 de julio de 1978;

c) al tribunal apoderado del conocimiento, ya de un incidente en curso de la ejecución de un embargo, ya de una demanda en validez de un embargo conservatorio, por aplicación del principio procedimental según el cual el juez de la acción es el juez de la excepción;

d) al Juez de los Referimientos. Si compete a este juez intervenir en todos los casos de urgencia, con mayor razón puede hacerlo en materia de ejecución forzada donde la urgencia es presumida (Ch. César-Bru, P. Hébraud, J. Seignolle et G. Odaul, Des Réferés, cinquiereme Edition, tome I, P. 531; Cas. Soc. 21 Juan 1946, 2, 102). El otorgamiento del plazo de gracia por parte del Juez de los Referimientos será invocado entonces por ante el juez apoderado del embargo o de un incidente de éste, como una causa de sobreseimiento obligatorio.

Condiciones a que está sometido su otorgamiento. Si bien la facultad de otorgar plazo de gracia es la aplicación general, puesto que puede ser empleada por todos los tribunales y en cualquiera materia (Ca. Soc. 21 de junio de 1946, Gaz. Pal. 1946. 2. 102; Trib. Civ. Meaux 9 déc. 1936, Gaz. Pal. 1937. I. 405; Lyon 22 janv. 1947, Mond Jud. Lyon 18 nov. 1947; Trib. Civ. Toulouse 23 janv. 1952, Gaz. Pal. 1952, 1.373.D. 1952, Somm. 216; Cas. Com. 16 févr. 1955, Bull. Civ. 1955, III, 50) los jueces al usar de ella deben someterse a dos tipos de condiciones: la primera de puro hecho; la segunda estrictamente jurídica.
En cumplimiento de la primera, los jueces sólo están llamados a otorgar plazo de gracia en consideración a la posición del deudor y haciendo uso de sus facultades con mucha discreción (Art. 1244 del C. C.). Trátase de una condición de puro hecho que aprecian soberanamente los jueces del fondo (Cas. 17 de marzo de 1937), B. J. 320, P. 146; Cas. 19 de enero de 1972, B. J. 734, P. 76) y cuya aplicación escapa al control de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación.

En opinión de nuestro más alto tribunal de justicia, por los términos “en consideración de la oposición del deudor” debe entenderse que el deudor que solicita un plazo de gracia en virtud del Artículo 1244 del Código Civil, necesita, cuando su deuda no está garantizada, tener bienes suficientes ara satisfacer sus obligaciones (Cas. 22 de diciembre de 1933, B. J. 281, P. 24).

En cumplimiento de la segunda condición los jueces deben:

a) Asegurarse antes de otorgar un plazo de gracia de no estar en presencia de un caso donde el legislador ha prohibido expresarse el uso de tal facultad, como ocurre en la letra de cambio (Art. 135 del C. Com; Cas. 30 de mayo de 1936, B. J. 310, P. 259), el pagaré a la orden (Art. 187 del C. Com.) y del cheque (Art. 61 de la Ley Nº 2859 del 30 de abril de 1951); o bien implícitamente, al establecer algún procedimiento excepcional e incompatible con tal facultad, como ocurre en el embargo inmobiliario.

Para el embargo inmobiliario nuestra Suprema Corte de Justicia ha precisado: que el Artículo 1244 del Código Civil no le es aplicable; que el único plazo que puede ser acordado en esta materia en el previsto por el artículo 703 del Código de Procedimiento Civil (Cas. 31 de agosto de 1932, B. J. 265, P. 27). Igualmente, que la facultad acordada a los jueces por el Artículo 1244 del Código Civil de conceder plazo de gracia al deudor, no puede aplicarse después de iniciado un procedimiento de embargo inmobiliario; que este es *este adverbio está omitido por error. J. P. * (cont. libro) un procedimiento excepcional, regido por disposiciones especiales, que fija y escalona los plazos sucesivos de las formalidades a cumplir, que esos plazos han sido fijados para abreviar en cuanto sea posible el procedimiento de embargo inmobiliario y resulta por consiguiente incompatible con ese procedimiento excepcional y rápido (el cual empieza con el proceso verbal de embargo), la facultad que tienen ordinariamente los jueces en virtud del Artículo 1244 del Código Civil de conceder en ciertos casos y plazos de gracia al deudor (Cas. 26 de abril de 1933, B. J. 273, P. 14).

Si de acuerdo con las decisiones citadas al Artículo 1244 del Código Civil es inaplicable al embargo inmobiliario, también lo será el artículo 2212 del mismo Código.
b) Rechazar toda solicitud de plazo de gracia cuando se trate de una ejecución que se lleva a cabo en base a una sentencia, en razón de que el legislador, de manera expresa, ha prohibido al juez otorgarlo cuando el deudor ha tenido la posibilidad de hacer tal pedimento durante el proceso de discusión de la deuda. Es en este sentido que el Artículo 123 de la Ley Nº 834 del 15 de julio de 1978, dispone: “A menos que la ley permita que sea acordado por una decisión distinta, el plazo de gracia no puede ser acordado más que por la decisión cuya ejecución está destinada a diferir”.

La finalidad de la disposición transcrita (que se limita a reproducir el contenido del antiguo Artículo 122 del Código de Procedimiento Civil) había sido señalada por nuestra Corte de Casación al declarar que “El Artículo 122 del Código de Procedimiento Civil ha sido escrito para impedir que después que un deudor haya sido condenado por una sentencia a pagar al acreedor, surja otro pleito con motivo de un pedimento de plazo para el pago que el deudor debió haber hecho cuando el tribunal conocía del fondo para fallar al mismo tiempo la demanda en pago y la demanda en plazo para el pago” (Cas. 22 de diciembre de 1933, B. J. 281, P. 23).

c) Desapoderarse de todo litigio que sea llevado ante su jurisdicción y reenviar el asunto por ante esta última para que ambos asuntos sean instruidos y juzgados conjuntamente (véase en este sentido: Arts. 29, 30 y 31 de la Ley Nº 834 del 15 de julio de 1978).

d) Negar el pedimento de plazo de gracia a todo deudor cuyos bienes estén embargados por acreedores diferentes de aquel ligado en el proceso dentro del cual solicita el plazo; a todo deudor contra el cual se hubiere iniciado el procedimiento preliminar de la quiebra; y a todo deudor que haya disminuido las garantías dadas para el pago (Art. 125 de la Ley Nº 834 del 15 de julio de 1978).

e) Cuidarse de no hacer constar en sus decisiones un punto de partida del plazo de gracia diferente al día de la sentencia, si ésta es contradictoria; o al día de la notificación en los demás casos (Art. 124 de la Ley Nº 834 del 15 de julio de 1978). Aplícase (por analogía) al último caso previsto por el Artículo 124 de la citada ley lo decidido por nuestra Suprema Corte de Justicia (Cas. 4 de diciembre de 1972, B. J. 745, P. 2993; Cas. 17 de marzo de 1982, B. J. 856, P. 276; Cas. 4 de marzo de 1983, B. J. 868, P. 568), en relación al punto de partida de los plazos para los recursos.

f) Hacer constar en sus sentencias los motivos, de hecho y de derecho que lo hayan llevado a fallar en uno u otro sentido (Art. 123 de la Ley Nº 834 del 15 de julio de 1978).

Efectos del plazo de gracia. En los efectos del plazo de gracia volvemos a encontrarnos con la diferencia entre las medidas propiamente ejecutorias y las medidas propiamente ejecutorias y las medidas conservatorias. Mientras las primeras no son posibles durante el plazo otorgado al deudor, las segundas son posibles, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 126 de la Ley Nº 834 de julio de 1978.
En efecto:

a) A partir de la sentencia que concede el plazo de gracia, cuando ella es contradictoria o a partir de la notificación en los demás casos (Art. 124 de la Ley Nº 834 del 15 de julio de 1978), no puede trabarse ningún acto ejecutorio. Así resulta aun en el caso en que el acreedor posee un título ejecutorio, porque la fuerza ejecutoria queda suspendida mientras dure, n principio, el plazo otorgado por la decisión.

Al permitir a los jueces conceder plazos de gracia en las circunstancias y condiciones previstas con gran rigurosidad, el legislador sacrifica el interés del acreedor bajo la inspiración de una consideración social de humanidad a favor del deudor, por lo que todo acto de ejecución hecho dentro del plazo de gracia está afectado de nulidad absoluta. Ha de estimarse que la ejecución ha sido hecha sin título y en violación a las disposiciones consideradas de orden público (Véase: Cas. 30 de mayo de 1935, B. J. 298, P. 180).

Los efectos, sin embargo, no son absolutos por lo que si bien no puede exigirse el pago de la deuda dentro del período de gracia, la misma se mantiene y en consecuencia, ella produce intereses moratorios. De la misma manera, el mandamiento de pago se que haya notificado con anterioridad a la sentencia que otorga el plazo y cuyo término haya vencido, puede servir de base a una ejecución hecha luego de que ha vencido el plazo de gracia, ya que el efecto suspensivo de éste no aniquila los actos y los efectos que éstos hayan producido con anterioridad. No resulta de igual manera con el mandamiento de pago notificado dentro del período de gracia, en el cual queda afectado de nulidad por haber sido hecho en base a una deuda no exigible. La nulidad es aún más rigurosa cuando se trata de un mandamiento de pago que vale embargo, como ocurre con aquel que se notifica en aplicación del Artículo 149 de la Ley Nº 6186 del 12 de febrero de 1963.

La ausencia de efectos absolutos del plazo de gracia también se manifiesta en relación a los otros acreedores del mismo deudor.
Ellos no se ven afectados por el plazo de gracia y por tanto pueden ejecutar sus créditos, de la misma manera que puede hacerlo el mismo acreedor afectado por el plazo de gracia en relación con otros créditos no tocados por la decisión judicial.

b) De acuerdo con el Artículo 126 de la Ley Nº 834 del 15 de julio de 1978 “El plazo no constituye obstáculo a las medidas conservatorias” pese a él, la deuda y el título se mantienen por lo que si el acreedor no puede ciertamente ejecutar, no es menos cierto que él puede tomar todas las medidas conservatorias (mobiliarias e inmobiliarias) necesarias para preservar las garantías que permitan el cobro de su crédito, una vez desaparezcan los efectos del plazo de gracia; éste no puede ser utilizado por el deudor como un medio para insolventarse, ya que el mismo legislador ha consagrado que pierde el beneficio del plazo de gracia, el deudor que, por su hecho, haya disminuido las garantías que había dado por contrato a su acreedor (Art. 125 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978).

Los efectos del plazo de gracia a que nos hemos referido resultan imprecisos cuando se trata del embargo retentivo en razón de la tradicional discusión en relación a la naturaleza conservatoria o ejecutoria de este embargo. No existiendo una solución coherente y definitiva, ni en Francia (véase: Jean Vincent, Voies d`execution et procédures de distribution, treizieme édition, Dalloz, París, 1978, Ps. 154, 155 y 156) ni en la República Dominicana (véase: Cas. 9 de marzo de 1955, B. J. 536, P. 468; Cas. 11 de febrero de 1969, B. J. 711, P: 282) en cuanto a la naturaleza de este embargo, participamos de la tesis que lo ubica entre las medidas conservatorias y por tanto del criterio seguido por algunos tribunales franceses, en el sentido de que el plazo de gracia no obstaculiza el embargo retentivo contra el deudor (París, 22 oct. 1921, Gaz. Trib. 1922. 2. 49). No obstante, este embargo (al igual que los demás embargos conservatorios) no pueden ser validados mientras no haya desparecido el obstáculo que hemos analizado. La razón es bien simple: si la sentencia de validación lo transforma de conservatorio a ejecutorio, obviamente no puede intervenir mientras persista un obstáculo al embargo ejecutorio.

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